Una familia venezolana encerrada en una jaula para gallos, de camino a Tapachula, aguarda su turno de salida. Un viejo, helado de frío, recuerda en la noche de Comitán la huida de su hogar en la frontera, las amenazas del crimen, aquel papel que le querían hacer firmar. “Firmar, ¿para qué?”, susurra. Un grupo de campesinos, adolescentes y ancianos, armados con viejos fusiles de caza y ametralladoras último modelo, guisan sobre las brasas, mientras vigilan la entrada de Frontera Corozal.

Alguien ha dejado una cruz roja en esta esquina polvorienta, junto al asfalto. Es de un rojo brillante, parece recién pintada. No hay flores, ningún mensaje. Solo la cruz. El policía Javier la ilumina, silencioso, con su linterna. Es de noche. Sopla algo de viento. “Ahí quedó uno de ellos”, dice. Los demás, añade, trataron de huir por un camino de tierra que sale de la carretera y se interna en las calles de Pelavacas, una de las comunidades de Celaya. Javier camina ahora por él. Ilumina de acá para allá, ocioso. No busca nada en particular.

Ofensiva total del Gobierno mexicano contra el Poder Judicial, ahora a cuentas del caso Ayotzinapa. El cambio de medidas cautelares a ocho militares, acusados de participar en el ataque contra los estudiantes normalistas, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, funciona de combustible en un conflicto de fondo, que trasciende en realidad al caso de los estudiantes, pero que sirve para desviar la atención de los reclamos de las familias de los 43 desaparecidos.