El Universal/ Ivette Saldaña

El sector privado respondió a las imputaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las inversiones en el sector energético

El sector privado nuevamente contestó a las imputaciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra las inversiones en el sector energético, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmaron que denostar la participación de empresas privadas es una práctica perversa que cancela la posibilidad de sumar esfuerzos en bien del país.

Reservaciones y mayores protocolos sanitarios, parte de la nueva normalidad; los negocios deben enfrentar pasivos que acumularon en el confinamiento

Imagine que antes de ir a un restaurante hará su reservación, elegirá su menú con anticipación y al llegar habrá la mitad o 70% menos de mesas que como acostumbraba ver antes de la crisis por el Covid-19.

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La propuesta de Morena para dar facultades al Inegi a fin de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas generó el rechazo de cámaras empresariales y analistas, que consideraron inviable el plan porque contraviene la confidencialidad de datos de la población.

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En una videoconferencia ante más de 4 mil líderes e integrantes de la iniciativa privada, el directivo los invitó a sumarse a la tarea “para que localmente podamos organizarnos como sociedad civil a falta de un gobierno que nos organice, nos oriente, que de alguna manera nos conduzca en nuestras actividades”.

La iniciativa privada calificó como decepcionante, incompleto y más de los mismo el informe y plan económico que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador; coincidieron en la falta de acciones del gobierno para apoyar a la planta productiva, por lo que se corre el riesgo de tener un sexenio perdido.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que dirige Carlos Salazar Lomelín, consideró que el mensaje del Jefe de Estado fue una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que se enfrenta.

El Protocolo Modificatorio del T-MEC incluyó en una nota al pie —también conocida como letra chiquita— en la que refiere que el gobierno de Estados Unidos tendrá su propio proceso interno para complementar las revisiones iniciales que se necesiten cuando una exportadora mexicana niegue los derechos sindicales a un trabajador.

De acuerdo con especialistas en temas comerciales federales, esa anotación fue la que le abrió la puerta a los cinco agregados laborales.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) va a incluir una línea telefónica parecida a una hotline, para que los trabajadores, especialmente los mexicanos, se quejen por si hay falta de libertad sindical.

Esta es una de las nuevas medidas que se incorporan en las “letras chiquitas” del protocolo modificatorio que firmaron los tres países, y que poco a poco salen a la luz.

La política de austeridad de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo la misma resonancia entre las dependencias de gobierno, al menos en el gasto que ejercieron en prestaciones de la burocracia durante el primer semestre del año.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos que se destinaron para el pago de prestaciones, estímulos, apoyos y premios a los trabajadores del sector público sumaron 160 mil 339 millones 149 mil 153 pesos entre enero y junio de este año.

Restricciones afectaron inversión y actividad; retraso en compras de gobierno pegó a Pymes

La “austeridad republicana” mató parte del crecimiento económico del país en la primera mitad de 2019, porque se redujeron o detuvieron compras de gobierno, se retrasaron pagos a proveedores y se cancelaron obras, consideran organismos del sector privado.

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