La declaración del embajador de Estados Unidos en México sobre los riesgos para la democracia, el comercio y la probable intervención de las organizaciones criminales en la elección de jueces, magistrados y ministros no es personal.

“Las cosas se hicieron bien durante mi gestión”, afirmó la ex fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, al renunciar cuando empezó a evidenciarse lo indecente de su “investigación” del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma del estado Héctor Melesio Cuén.

Aunque contravenga la voluntad de los votantes y constituya una palpable traición a la democracia, todo indica que las autoridades electorales concederán al oficialismo la sobrerrepresentación en el Congreso que, entrometiéndose en asuntos que les están prohibidos, han venido exigiendo el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

El financiamiento de la insensata “elección popular” de jueces, magistrados y ministros que el oficialismo prevé se realice el año próximo provendrá de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la receta sugerida por el presidente López Obrador.

Lo sucedido en un restaurante de la Roma ilustra la degradación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular (como “encargado de despacho”), Ulises Lara López, asegura que “se apersonó” en el sitio para impedir lo que llamó “una privación ilegal de la libertad”, ridículo eufemismo para tergiversar lo evidente:

Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz pasaron más de 17 años en prisión preventiva sin que se les dictara sentencia por un supuesto asesinato cometido en 2002 que nunca se les probó.

La lista de personalidades invitadas a la toma de protesta a Claudia Sheinbaum se acordó entre la canciller Alicia Bárcena y quien la sucederá en el cargo, Juan Ramón de la Fuente, informó ayer la próxima presidenta.