Reporte Índigo/ Ernesto Santillán

Para las personas con Síndrome de Down en México obtener los conocimientos que necesitan para salir adelante es un privilegio, pues el acceso a una educación privada de calidad es muy costosa y el sistema público carece de recursos y personal calificado, lo que ha obligado a organizaciones de la sociedad civil a tomar el problema en sus manos

En México solamente el 3 por ciento de las personas que tienen Síndrome de Down reciben la educación que necesitan.

El INAI ha fomentado el esfuerzo interinstitucional y la implementación de mecanismos para evitar las malas prácticas en la adquisición de insumos por parte de las autoridades gubernamentales durante la pandemia, sin embargo, esta labor es solo un eslabón en una cadena de acciones que se tienen que cumplir para poder evitar casos de corrupción

El recorte de partidas presupuestales a dependencias que ordenó el presidente López Obrador compromete la operación de decenas de instituciones. En contraste, los recursos de programas sociales aumentan y el dinero para megaproyectos se mantiene

El plazo de cinco años durante el cual el Gobierno federal podrá disponer del Ejército para que coadyuve en las labores de seguridad pública está corriendo, por lo tanto, si se pretende cumplir el acuerdo presidencial publicado en el DOF, se debe fortalecer y capacitar a las policías cuanto antes y generar un plan de desmilitarización

Olvidada quedó la promesa de regresar al “Ejército a los cuarteles”.

El país está lejos de alcanzar la tranquilidad. Los más de 35 mil asesinatos cometidos en 2019 provocaron que la sensación de inseguridad aumentara entre la ciudadanía; identificar los diferentes tipos de violencia y combatirlos, es el desafío que tiene el gobierno para disminuir esta problemática

La paz en el país se deteriora. A pesar de que las actividades del crimen organizado son el principal generador de violencia, existen otros factores que le roban la tranquilidad a la población, y algunos de ellos tienen su origen en el seno familiar.

México se encuentra en la etapa cumbre de la pandemia por Covid-19, lo que ha llevado tanto al Ejecutivo federal como a los gobernadores a incrementar las medidas para combatir la propagación del virus y poder atender a los enfermos, acciones que en algunas entidades han sido cuestionadas por violentar los derechos humanos

Con la intención de proteger a los sectores más vulnerables, el titular del Ejecutivo federal está impulsando una reforma para que diversos programas sociales sean elevados a rango constitucional, un hecho fuertemente criticado por la oposición al señalar que tiene tintes electorales y que se pone en riesgo el presupuesto ante la falta de recursos

El primer paso para elevar diversos programas sociales impuestos por la actual administración a rango constitucional ya se logró, sin embargo aún falta un largo camino por recorrer antes de que esto se convierta en una realidad.