Líderes sindicales que se han eternizado en sus cargos en México están posponiendo su validación, pese a que la nueva ley laboral, en el marco del T-MEC, los obliga a democratizar su permanencia antes de abril de 2023.
Hasta ahora, la Secretaría del Trabajo poco o nada ha podido hacer para cumplir la encomienda presidencial de que los trabajadores elijan al líder gremial sin presiones, intimidaciones o sin estatutos a modo.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aumentó en 64 por ciento su gasto en contratos adjudicados sin licitación durante 2020, además de que fueron otorgados a empresas de reciente creación o con domicilios en los que REFORMA constató que no hay empresas.
En ese año la Sedena erogó 6 mil 331 millones de pesos mediante adjudicaciones directas, 64 por ciento más que el monto destinado por esa vía en 2019, según el Índice de Riesgos de Corrupción elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias
La denuncia incluye al hermano del Mandatario, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidario (PES) en Morelos.
Mientras el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presume una reducción en el número de piquetes para ordeñar gas LP en Puebla, Pemex reportó que el gaschicol registra un aumento continuo desde 2019 en esa Entidad y en el País.
CIUDAD DE MÉXICO.-La burocracia también pega a la seguridad aérea. Los pilotos no pueden renovar sus licencias para volar ni tienen supervisiones médicas desde hace más de un año. El argumento: la pandemia. La realidad: las limitaciones impuestas por la administración federal.
Los piquetes a ductos para extraer gas LP del sistema de distribución de Pemex aumentaron 43 por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 478 a 687 casos con respecto al mismo periodo del 2020.
Puebla se posiciona en el primer lugar en ese listado, al concentrar el 78 por ciento de las tomas clandestinas de gas LP.
El Estado, gobernado por Miguel Barbosa, pasó de los 370 piquetes a gasoductos a los 537 en el periodo revisado.
El Municipio de Tepeaca es el epicentro de los piquetes a ductos de gas a nivel nacional, con 188 en el primer trimestre del año.
Detrás de la invasión de zonas boscosas del Parque Nacional El Tepozteco existe un desorden entre las autoridades de los tres niveles de gobierno que no logran impedir el asentamiento de viviendas, advirtió el ex delegado de la Profepa en Morelos, José Iván Fernández Galván.
La invasión busca arrebatar predios a la zona protegida y venderlos de manera ilegal, señaló en entrevista.
Grupos del crimen organizado que operan en Cuernavaca, Morelos, comenzaron a invadir zonas boscosas del Parque Nacional de El Tepozteco.
Incluso, han provocado quemas para limpiar los terrenos invadidos, aseguraron funcionarios del estado.
La zona de la invasión se ubica entre la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán y la autopista México-Cuernavaca.
Vecinos de la zona aseguran que los comisarios ejidales del poblado de Ahuetepec han impedido el arribo ilegal de personas, pero ya fueron amenazados.
Pagan por ellas desde 40 mil hasta 200 mil pesos en una vieja práctica atribuida a “usos y costumbres” de las comunidades.
En la Montaña de Guerrero las mujeres tienen precio en una especie de esclavitud en pleno siglo 21.
Pagan por ellas desde 40 mil hasta 200 mil pesos en una vieja práctica atribuida a “usos y costumbres” de las comunidades mientras que las autoridades permanecen impasibles.
El crimen intensificó su operación en las aduanas fronterizas y puertos marinos, en colusión con funcionarios, para introducir los combustibles de manera ilegal.
CIUDAD DE MÉXICO.-Las bandas criminales dejaron de ordeñar ductos y ahora contrabandean gasolinas. El crimen intensificó su operación en las aduanas fronterizas y puertos marinos, en colusión con funcionarios de Aduanas, para introducir los combustibles de manera ilegal.
Las redes operan principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.