Y es que no solo se trata del brutal asesinato de un joven transexual dedicado a la prostitución, sino que la justicia fue omisa, ciega, sorda y pendeja mientras el crimen de odio no mereció primeras planas o titulares mediáticos. A nadie importó.
¿De qué tamaño habría sido el escándalo mediático y de redes —y de las buenas conciencias salvadoras de la patria— si un corrupto gobernador del PRI tuviera como abogado defensor a un ex procurador de la República?
En el Itinerario Político del 17 de agosto dijimos: “Es un hecho que la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota no se presentará como aspirante del PAN mexiquense —a la elección de 2017—, sino que buscará una senaduría”.
El delito que confesó Anaya por televisión
En los debates políticos, el jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya, suele pregonar —no sin sobrada presunción— “¡soy abogado!”.
Olvida o ignora el político de párvulos que una patente de licenciado en derecho, por ejemplo, no le otorga a nadie la cualidad de abogado o jurista.
La Procuraduría General de la República cuenta con todos los elementos legales para iniciar juicio penal contra Javier Duarte, el saliente gobernador de Veracruz. La decisión política está tomada.
En el Itinerario Político del 7 de octubre de 2014 —12 días después de la tragedia de Iguala— preguntamos: “¿Por qué los mataron?”.
Dijimos que “si apelamos al modus operandi de los hechos, podemos suponer que, en efecto, participó un grupo de sicarios del crimen organizado”.
Está claro que ninguna democracia —que se respete— debe tolerar que sus jóvenes sean desaparecidos.
Nadie duda que el caso Iguala no se debe repetir y que, por ello, deberá caer todo el peso de la ley sobre los responsables intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 normalistas.
El pasado domingo dijimos que la caída del titular de Hacienda, Luis Videgaray, urgía un replanteamiento en las cartas del presidente Peña Nieto para la sucesión de 2018.
¡A “partirles la madre” a todos!
No, no es miedo a las palabras. Tampoco mojigatería decimonónica.