La acusación de la Fiscalía General de la República por el delito desaparición forzada contra la mayoría de 14 militares y el ex procurador Jesús Murillo Karam es una perversidad fraguada entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, vividores internacionales del dolor ajeno y sanguinarios capos de la banda Guerreros Unidos.
En vez de exhibir la indolencia de la Fiscalía General de la República por no haberse inconformado contra una resolución sobre ocho militares acusados de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador volvió sobre el Poder Judicial de la Federación, acusándolo ayer de dos cosas:
La insolente reacción de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación a la excarcelación de ocho militares injustamente acusados de cometer el delito de desaparición forzada contra Los 43 de Ayotzinapa mereció un manotazo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial de la Federación.
Aunque la suplencia de Ernestina Godoy no constituye designación legal de nuevo fiscal de CdMx, la del ex vocero Ulises Lara como encargado de despacho se impuso de una manera tan indecente que supera cualquiera de las insensateces y arbitrariedades cometidas en otros polémicos nombramientos de machuchones de la 4T.