Trascendió
Que la superdelegada del gobierno federal en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, está por dejar el cargo para contender por la gubernatura de su estado ante los “buenos resultados” que, dice, arrojan sus mediciones. Por lo pronto, ayer se reunió con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para diseñar una estrategia de combate a la trata de personas, que será su principal bandera de campaña.
Pablo Amílcar, Jesús Alejandro Ruiz, Víctor Manuel Castro y Katia Meave son algunos de los superdelegados que ya se alistan para contender por alguna gubernatura.
De cara al proceso electoral de 2021, donde se renovarán gubernaturas en 15 entidades, nueve delegados del gobierno federal se alistan para participar en la disputa al interior de Morena y así convertirse en candidatos para esa posición.
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Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el morenista Mario Delgado, ajustó de última hora el calendario de comparecencias para la glosa del segundo Informe de AMLO y no solo postergó hasta la próxima semana la convocatoria a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sino que la libró de acudir al pleno y la citó solo a rendir cuentas ante comisiones. El que no tendrá la misma suerte es el titular de Hacienda, Arturo Herrera, quien mañana irá al pleno a defender el paquete económico 2021.
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Que como bomba cayó entre senadores de Morena el proyecto de Luis María Aguilar para declarar inconstitucional la consulta popular que planteó Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a ex presidentes y Lucía Trasviña de plano llamó “sátrapa” al ministro de la Suprema Corte, cuyo pleno debatirá el tema el 1 de octubre. En los próximos días estará unido de nuevo el bloque de contención conformado por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD para apoyar la resolución contra el plan del Ejecutivo.
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Que la resolución que emita la Corte sobre la consulta popular que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a sus antecesores puede incluir un pronunciamiento adicional, pues en oficinas judiciales e incluso entre integrantes del Poder Judicial de la Federación crece la idea de que el máximo tribunal debe fijar una postura. El argumento es que, más que un asunto jurídico, se trata de un tema político, un terreno en el que los magistrados siempre se sienten fuera de lugar.
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