En el asunto de la designación de los diez magistrados del Tribunal Superior de Justicia las diputadas y los diputados de la actual legislatura se encuentran acorralados por la sociedad civil, de tal manera que si venden esos puestos o benefician a sus colaboradores, serán exhibidos como nunca, aunque no faltará quién prefiera “quemarse” que perder una cantidad de dinero con la que puede fácilmente comprarse un inmueble.

Jerónimo Bernal Soliveras estaba seguro de que ya la había librado, por eso llevaba su vida con toda normalidad entre los lujos que le permitían los ingresos que había tenido durante dos años de manejar el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Jugaba Padel en conocido Club de la colonia Vista Hermosa, una de las más exclusivas de Cuernavaca.

Estaban todos juntos y ya sin poder. Unos gobernaron hace 25 años y casi no tienen nada de lo que obtuvieron; otros estuvieron dos sexenios y la mayoría se enriqueció; los más recientes todavía disfrutan de las mieles del sexenio pasado y añoran regresar a Palacio de Gobierno.

Por primera vez, el ex gobernador de Morelos Graco Ramírez se muestra preocupado ante la posibilidad de pisar la cárcel. Después de cinco años, en la Fiscalía Anticorrupción ya no está su exempleado Juan Salazar Núñez y teme que el fiscal general Uriel Carmona, en los casi 50 días que estuvo preso, lo haya negociado a cambio de su libertad. Se siente vulnerable pues.

Son tantos los aspirantes a las diez magistraturas del Tribunal Superior de Justicia que sería más fácil decir quienes no están inscritos. Son 245 los profesionistas del derecho que hicieron saber su intención de ser tomados en cuenta para tan digno cargo, y entre ellos tenemos de todo, desde litigantes, jueces, académicos, políticos, hasta los que se inscriben porque así lo han venido haciendo en cuanta convocatoria lanza el Congreso.

La publicación de la esperada “convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la definición de la coordinación de defensa de la transformación en Morelos” hizo suponer en un principio que las reglas dejarían como “damnificados” a varios aspirantes, sobre todo por la participación de los 50 consejeros estatales elegidos en agosto del año pasado.