El secretario de Obras cuestiona que solo se ha judicializado uno de los 17 expedientes presentados por su dependencia por adjudicación irregular de obras.
El titular de la Secretaría de Obras del Gobierno de Morelos, Fidel Giménez Valdés, consideró que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción “no es una institución confiable” e informó que está en curso una auditoría que ha revelado que la anterior administración, con recursos federales, pagó a empresas por obras no concluidas.
Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia de la Comisión Transitoria del TSJ para sancionar a jueces y funcionarios judiciales.
La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar.
Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.
Mediante un decreto administrativo, la sede del Poder Ejecutivo retornó a su antigua nomenclatura de “Palacio de Gobierno”, y con ello se borra definitivamente el nombre “Casa Morelos” que le dio el exgobernador perredista Graco Ramírez, denunciado ante la fiscalía estatal anticorrupción por presuntos desvíos millonarios del erario estatal.
Detectan trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.
Están involucrados varios exfuncionarios de primer nivel.
El gobierno de Morelos interpuso 11 nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que involucran al exgobernador Graco Ramírez Abreu y a varios exfuncionarios de primer nivel, que habrían participado en una trama financiera presuntamente para desviar recursos públicos por un monto aproximado de 500 millones de pesos.
En todos los casos, los policías deberán contar con equipo adecuado y mantener la comunicación con autoridades locales, la FGE y los servicios médicos de emergencia
La Comisión Estatal de Seguridad emitió el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Casos de Linchamiento, luego de que hace ocho meses fue asesinado por una turba en el municipio de Tetela del Volcán un ciudadano colombiano que presuntamente extorsionaba a comerciantes de la zona.