El debate sobre la reforma judicial alcanzó su punto analítico más alto con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara difundido el lunes, para iniciar su discusión el martes 5 de noviembre por el pleno de la Corte.
(Muy tarde y mal día, pues es la elección de EU).
La reforma judicial pinta para ser otra de las sustituciones catastróficas de la llamada cuarta transformación.
En 28 días el vértigo de la violencia ha devorado los planes de seguridad del nuevo gobierno. En esos mismos días, el vértigo legislativo ha ido comiéndose el Poder Judicial, el equilibrio democrático y la división de poderes de nuestro régimen político.
Esta es la fórmula que han encontrado el gobierno y sus legisladores para su proyecto de anular a la Suprema Corte como revisora de las reformas constitucionales que pueda hacer el Congreso.
Al parecer, la presidenta Sheinbaum se ha soltado de la mano del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo en una mañanera que el caso de Sinaloa está en manos de la Fiscalía General de la República y que ahí se va a quedar.
Cuba es una metástasis de sí misma. Los países no mueren, ha dicho alguien, pero en algunos asoma algo peor que la muerte, la agonía sin fin.
La red eléctrica colapsada de Cuba es una buena metáfora de la agonía sin fin de la isla. Es una estructura detenida en el tiempo, una reliquia viva.
“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”: Claudia Sheinbaum
La presidenta Sheinbaum desacata el mandato de una jueza y el posible mandato de la Suprema Corte, asumiendo que habla en nombre de “la voluntad del pueblo”.
“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, ha dicho la presidenta Sheinbaum.
Demasiado decir.
La prisa de los legisladores oficialistas para aprobar las leyes del plan C es un mensaje claro de que el nuevo gobierno seguirá de frente por donde puso las marcas el gobierno anterior.
No hay más ruta que la ya trazada. Podrá haber algo nuevo en el actual gobierno, pero no en lo ya trazado.
El nuevo gobierno ha hecho un compromiso sustantivo en materia de energías renovables. Para el año 2030 deberán ser el 45% de la producción de energía en general.
El compromiso supone un vuelco en las prioridades energéticas respecto del gobierno anterior, que apostó sobre todo a energías fósiles.