Resultado de una multa de superior a los nueve millones de pesos impuesta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) desde el 2014; aunado a una radical disminución de las prerrogativas mensuales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, enfrenta un severo déficit presupuestal.
La Asamblea Comunitaria General de Amilcingo, rechazó cualquier posibilidad de someterse y participar en otro proceso para la elección del ayudante municipal de aquella comunidad indígena, tal y como lo propuso la alcaldesa de Temoac, Edith Cornejo. “Aceptar otra elección, es negar nuestra decisión tomada en Asamblea y ceder a las exigencias de instituciones que negaron nuestros derechos al querer imponernos unas elecciones amañadas y sin legitimidad y que buscan favorecer a un grupo que le ha hecho mucho daño a nuestro pueblo durante mucho tiempo”, sentenció la organización popular.
Empresarios morelenses, se “apuntaron” –con miras a las elecciones de 2018–, en la búsqueda de los diversos cargos de elección popular, como candidatos independientes; su meta, dijeron es que la voz del sector se haga escuchar. Al anunciar la conformación del Consejo Ciudadano y Empresarial, el ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Alejandro Escobar Botello, adelantó que uno de los objetivos de esta agrupación, es impulsar a aquellos empresarios que deseen participar en la política.
. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), puso en marcha un operativo de revisión para verificar que las terminales de autobuses en Morelos cumplan con descuentos a estudiantes y profesores, fijadas por la Ley, durante el periodo vacacional de verano. En el primer día de actividades, la dependencia federal aplicó una suspensión administrativa a la empresa Estrella Blanca quien se negó a otorgar tarifas especiales en sus corridas catalogadas como “de lujo”.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, expuso su preocupación ante las constantes amenazas de la delincuencia organizada en contra de los ediles en la entidad y el riesgo de que los recursos públicos, terminen en manos de la delincuencia organizada, cubriendo el pago de cuotas impuestas y no contribuyendo al desarrollo de las comunidades.
Un grupo de trabajadoras adscritas a diversas instancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol–Morelos), denunciaron que la dependencia federal ha venido reteniendo sus salarios correspondientes al último mes. La medida, impuesta por la delegación que encabeza Jorge Meade Ocaranza, pudiera a afectar la operación de las instancias infantiles, pero también la atención de entre 600 y hasta 800 menores en diferentes localidades de la entidad.