El País-Edición México/ Pablo Ferri

El grupo criminal Guerreros Unidos organizó una cacería el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, tratando de evitar que delincuentes rivales se escaparan del municipio. Para ello, el grupo se valió de sus redes de apoyo, conformadas principalmente por policías de Iguala, Huitzuco, militares y policías federales. Entre todos armaron un cerco alrededor de Iguala, acabando con la vida de al menos 26 personas, tres estudiantes normalistas, un futbolista, un taxista y su pasajera.

El grupo de expertos que investiga de manera independiente el caso Ayotzinapa, el GIEI, ha desechado una parte crucial de las pruebas del informe de la comisión presidencial, creada en 2018 para participar en las pesquisas. En agosto, la comisión presentó un documento que señalaba el posible destino de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, basado parcialmente en 467 capturas de pantalla de intercambios de mensajes entre presuntos integrantes de la red criminal de Iguala.

Rehén de brutales tensiones políticas, la investigación por el caso Ayotzinapa avanza entre sospechas y suspicacias. La validez de un paquete de pruebas presentado hace dos meses y medio por la comisión presidencial que ayuda en las pesquisas está en entredicho. El grupo internacional de expertos que apoya en el caso, el GIEI, ha dedicado las últimas semanas a analizar estas evidencias. Sus conclusiones y la postura que adopte al respecto el grupo, que este lunes comparece ante los medios, marcan el futuro del proceso.

El hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa (Sedena) ha dejado al descubierto la estructura del aparato de inteligencia mexicano. Miles de correos electrónicos filtrados hace dos semanas por el grupo de piratas informáticos Guacamaya dibujan el funcionamiento de los seis centros de fusión de inteligencia del país, los cinco regionales y el central. Los cerfis y el cenfi, como se conocen en el medio, surten de información a las dependencias de seguridad en sus operaciones contra el crimen.