Inyectar fondos para la prevención y atención de desastres naturales y sacarlos al final del año para usar el dinero en obras prioritarias, como el Tren Maya, se convirtió en la práctica del gobierno federal en los dos últimos años.
Los esfuerzos del Congreso para frenar el consumo de productos nocivos para la salud a través de reformas y del gobierno con políticas públicas y el incremento de impuestos han dado pocos resultados, pues su compra y venta se mantiene.
Bajo el argumento de tener “gastos imprevistos”, en los primeros 15 meses de la 65 Legislatura un total de 37 diputados federales han solicitado préstamos por 11 millones 645 mil 30 pesos, a pagar con tasas de interés menores que las que fijan las entidades bancarias.
Lo anterior, a pesar de que obtienen casi 150 mil pesos mensuales por conceptos de dieta y apoyos legislativos.
En 2023, la Cámara de Diputados dispondrá de una bolsa de mil 616 millones 470 mil 94 pesos para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.
La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ordenó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un diagnóstico de las actividades de seguimiento de acciones formuladas por la auditoría durante la década de 2010 a 2020.
Los diputados federales tienen como prestación una tarjeta IAVE que les permite transitar sin costo por todas las carreteras del país con cargo al erario.
Desde 2015 a la fecha se han erogado 119 millones 524 mil 381 pesos, en beneficio de mil 500 diputados a lo largo de tres legislaturas (63, 64 y 65).