Los acontecimientos corren hacia septiembre y hacia un fin de gobierno ciclónico.
Todo converge a un cierre de presidencia confuso, complejo y de potencialidades catastróficas.
Dos asuntos, vinculados íntimamente, presentan un riesgo mayor: la caótica reforma judicial y sus posibles consecuencias económicas para México.
Para el presidente López Obrador, el paro de los más de 53 mil trabajadores y mil 700 jueces y magistrados del Poder Judicial federal es “una huelga” de “paleros” de la corrupción.
Considera que “a la mayoría de los mexicanos no les va importar” la protesta y celebra:
A veces hay que tomar el camino más largo para llegar antes.
Florestán
El presidente López Obrador ha calificado de tersa la transición de la Presidencia.
Ninguna de las imputaciones que el gobierno ha vertido sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad incluye un hecho ilegal.
Lo único ilegal que hubo en esa hoguera de linchamiento venida de Palacio fueron las palabras del director de la Unidad de Investigación Financiera, Pablo Gómez.
El financiamiento de la insensata “elección popular” de jueces, magistrados y ministros que el oficialismo prevé se realice el año próximo provendrá de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la receta sugerida por el presidente López Obrador.
Por el sólo hecho de ser presidenta y tener las facultades y las responsabilidades del puesto, Claudia Sheinbaum será una presidenta diferente, irá, como todos sus antecesores, ganando espacio e imponiendo su toque.
En materia presidencial, “la banda cuenta, y mucho”, dice con sencillez y elocuencia Ignacio Morales Lechuga.
“Lo mejor es lo peor que se va a poner”, ha dicho y repetido el presidente López Obrador.
Para él, eso de las pruebas es un asunto solo de los demás.
Florestán
Los diputados de Morena, servidores de la voluntad del Presidente más que de los derechos de los mexicanos, han dado curso en comisiones a un proyecto de gobierno punitivo amplio y minucioso.
Lo sucedido en un restaurante de la Roma ilustra la degradación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular (como “encargado de despacho”), Ulises Lara López, asegura que “se apersonó” en el sitio para impedir lo que llamó “una privación ilegal de la libertad”, ridículo eufemismo para tergiversar lo evidente: