Poder Ejecutivo

Rehén de brutales tensiones políticas, la investigación por el caso Ayotzinapa avanza entre sospechas y suspicacias. La validez de un paquete de pruebas presentado hace dos meses y medio por la comisión presidencial que ayuda en las pesquisas está en entredicho. El grupo internacional de expertos que apoya en el caso, el GIEI, ha dedicado las últimas semanas a analizar estas evidencias. Sus conclusiones y la postura que adopte al respecto el grupo, que este lunes comparece ante los medios, marcan el futuro del proceso.

Mientras en Estados Unidos Exxon Mobil y Chevron registraron utilidades históricas, en México, Pemex regresó a los números negativos y perdió 52 mil 33 millones de pesos en el tercer trimestre del año, equivalentes a 2 mil 562 millones de dólares.

En el segundo trimestre, Pemex había reportado utilidades por unos 6 mil 263 millones de dólares.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revisado las cuentas públicas del año pasado y ha encontrado irregularidades en el gasto de 10.312 millones de pesos —unos 505 millones de dólares—. De acuerdo al informe de fiscalización, presentado este viernes ante la Cámara de Diputados, las Administraciones estatales y locales son quienes tendrán el mayor trabajo: deberán justificar el destino de 6.675 millones de pesos en las próximas semanas. Mientras que el uso del resto del dinero, unos 3.637 millones, tendrán que ser explicados por el Gobierno federal y el Poder Judicial.

La defensa legal de cuatro militares señalados de participar en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, prepara una denuncia que presentará en breve contra Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), por faltar a la verdad al presentar pruebas “inventadas y falsas” en el caso Ayotzinapa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a la Suprema Corte de buscar proteger a factureros con el nuevo proyecto sobre prisión preventiva oficiosa.

"Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Corte, pero miren lo que está proponiendo: que los factureros puedan salir de la cárcel. Quieren impunidad", dijo.

El presidente de México ha vuelto a la carga este jueves por el caso Ayotzinapa y ha asegurado que se intentó dinamitar la investigación desde la Fiscalía. Durante su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador ha dicho, sin poner nombres, que se buscó aumentar el número de militares acusados con el objetivo de que “no se actuara” en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. “Le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar”, ha comentado.

Contrario a lo que piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que al Ejército Mexicano no le interesa el poder, analistas políticos consideran que a las Fuerzas Armadas sí les interesa y el que un militar pudiera llegar a ser candidato presidencial simbolizaría aumentar la militarización que ya ocurre en México.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de Morena, acusó al senador Ricardo Monreal de traicionar a su partido en la Ciudad de México, pues promovió y financió a candidatos de otros partidos en la elección de 2021, como la actual Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Además, dijo la Mandataria, tras esas elecciones Monreal se benefició con nombramientos en la Alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de la panista Lía Limón.

Ciudad de México. Como respuesta a organizaciones civiles mexicanas, que este martes expresaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones por lo que llamaron la “militarización de la seguridad pública del país”, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que en México "no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie o tortura”.