Milenio/ Héctor Aguilar Camín

Culiacán a la luz de la presión estadunidense

Jorge Castañeda ha escrito en The New York Times una reflexión, y una pequeña historia, sobre lo sucedido en Culiacán, que no tienen desperdicio.

Se refiere a los resultados contraproducentes, en realidad catastróficos, que ha tenido entre nosotros la estrategia, venida de Washington, de cazar, detener, abatir a los grandes capos de los grandes cárteles para disminuir el poder de los cárteles y hacerlos controlables. La llamada kingpin strategy.

Dos orillas para México

En la sesión final de la riquísima agenda de temas de la Cumbre de Negocios México, celebrada en Cancún esta semana, había una pregunta para la mesa final: “¿qué pueden hacer el gobierno y la comunidad empresarial para mitigar los riesgos inherentes a una realidad más polarizada?”.

Participé en esa última mesa. Dije que la comunidad empresarial debe mantener abierto el puente de la comunicación con el gobierno y poner ahí la visión del desarrollo de México que falta en el proyecto gubernamental.

Los costos de Culiacán

En el operativo contra el hijo del Chapo en Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió su decisión de no dedicarse a perseguir y capturar capos.

Lo hizo por las viejas razones, porque había una orden de aprehensión con propósitos de extradición sobre Ovidio Guzmán. Es decir, porque había una petición judicial de Estados Unidos.

El día que no hubo Estado en Culiacán

El 17 de octubre de 2019 desapareció el Estado en Culiacán. Desaparecieron los tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.

No solo el Ejército fue rebasado por ríos de delincuentes armados y entregó a su detenido, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, sino que la ciudad, vacía de ciudadanos y de autoridades, quedó 24 horas en manos del crimen.

El mecanismo

La excelente, escueta, incisiva nota de MILENIO ayer deja ver entre líneas, pero con extraordinaria claridad, el nuevo uso de un viejo mecanismo de la política mexicana.

Hemos sospechado la existencia de ese mecanismo en muchos casos de renuncias y retiros políticos a través de los años, pero lo vemos funcionar en estos días diáfanamente, al menos con esa ventaja: sin opacidad ni rubor alguno.

La cabeza de la nota dice: “Por WhatsApp y llamadas se operó la renuncia de Romero Deschamps”.

El Presidente y la legalidad

Discutimos en La hora de opinar de este lunes, con Valeria Moy, Leo Zuckermann y Javier Tello, la relación del Presidente con la legalidad. Vinieron a la mesa dos ideas contrastantes.

La primera es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido siempre una relación ambigua con la legalidad y las instituciones, a las que acepta cuando caen de su lado y rechaza cuando no.

La revocación de mandato

El Senado aprobó ayer una reforma constitucional que alterará profundamente, para mal, la lógica democrática y los tiempos electorales del país.

Me refiero a la revocación de mandato, aprobada junto con la figura de la consulta popular, como si fueran parte del mismo árbol. Poco o nada tienen que ver ambas figuras.

El escándalo de Baja California

El estilo presidencial contagia no solo a quienes tratan de imitar su peculiar retórica: colaboradores y aduladores particularmente mal dotados para ello.

También va imponiendo como normales instrumentos de manejo político que viven en los linderos de la ilegalidad y el autoritarismo.

De la catastrófica imitación de la retórica del jefe

Vemos a un Presidente popular blindado contra la crítica en su retórica. Su retórica es eficaz, penetrante, única en nuestro medio. Se permite todo, el buen humor y el sarcasmo, la frase inspirada y la palabra hiriente, la prédica moral y la vulgaridad callejera.

Se lo permite todo, además, sonriendo, y la mayoría de los mexicanos aprueba y celebra esa retórica, está bajo su influencia.

El ejemplo presidencial va creando un estilo público deslenguado, dicharachero y despectivo, particularmente infortunado.

Austeridad: consecuencias no buscadas

La ley de Austeridad Republicana aprobada el 8 de octubre contiene la ofensiva legal más demoledora que se haya hecho contra la burocracia federal mexicana.

Las intenciones de la ley no podrían ser mejores: limpiar de dispendio, corrupción y abuso el gasto de la burocracia federal.

Pero sus consecuencias de mediano y largo plazo podrían también ser que el gobierno se quede limpio de funcionarios de calidad, honradez y experiencia.