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Milenio/ Carlos Marín

EL ASALTO A LA RAZÓN

No basta “custodiar” a los amenazados

En ocho meses han sido asesinados 88 políticos, 34 de ellos aspirantes a puestos de elección. Los más recientes: Arturo Flores Bautista, candidato a síndico para Landa Matamoros, Querétaro, y Alma Rosa Barragán, quien pretendía la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato. Del primero, la fiscalía estatal supone que la causa fue una deuda vinculada al narcomenudeo y no la política. De la segunda priva la hipótesis de que sus homicidas pertenecen al crimen organizado.

Con motivaciones distintas, en ambas convergen las drogas.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Dos prominentes pintan su raya

A 33 años de haber abierto el camino de la traqueteada y perfectible pero moderna y confiable democracia mexicana y de que impulsaron la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo reprueban su gestión como Presidente.

El ingeniero juzga que el gobierno de su ex discípulo, aunque presuma de serlo, “no es de izquierda”.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Hacia la anulación de las elecciones

Con su amañado Manual del Representante de Casilla, Morena comete la imprudencia de documentar trapacerías para intentar inflar la votación de sus candidatos en las elecciones del 6 de junio.

El embuste será impugnado por los opositores y las autoridades, el número de votos efectivos resultará menor y el partido en el poder tendrá coartada para exigir la anulación de los resultados.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Al “enemigo” se le combate, almirante

Si escandaliza que el secretario de Marina vea en el Poder Judicial al “enemigo”, alarma que, habiéndolo escuchado, su comandante supremo, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, se la dejara pasar porque ambos debieron, en congruencia y consecuencia, advertir de las acciones que emprenderán para enfrentar tan delirante amenaza.

EL ASALTO A LA RAZÓN

El gobernador en la telaraña

Con las eventuales responsabilidades penales pendientes de desahogarse en tribunales, la persecución contra el gobernador de Tamaulipas está enredada en una maraña política y legal que impide separar la basura de lo que en justicia procede.

Se antoja razonable aceptar que las atribuciones de la Federación superan a las estatales aun si cada entidad es constitucionalmente “soberana”, y son federales las acusaciones y las instancias en juego para llevar a la cárcel a Francisco Javier García Cabeza de Vaca:

EL ASALTO A LA RAZÓN

La mordaza vive, la lucha sigue

Solo una vez he leído a la señora que me hizo creer que había yo patinado con Prohibido hablar por tv y radio y me orilló a una rectificación innecesaria el martes: Ninguna prohibición en televisión y radio.

Me tragué el engaño de su mañosa argumentación, pero ahora sé, y muy bien, que Jorge Fernández Menéndez, Javier Tejado Dondé y yo acertamos al alertar que la Segunda Sala exhumó graves amenazas contra la libertad de expresión en los medios electrónicos.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Acta patito de nacimiento

Como el resto de los arqueólogos respetables, Eduardo Matos Moctezuma se abstuvo de acudir el pasado jueves al acto en que los gobernantes de Ciudad de México y de la República conmemoraron los imaginarios 700 años de la “fundación lunar” de Tenochtitlan.

La razón es que ningún historiador genuino avala el cuento de que aquel suceso haya ocurrido en 1321 y todos coinciden en que la metrópoli mexica empezó a levantarse en 1325.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Ninguna prohibición en televisión y radio

La abogada Irene Levy tiene toda la razón al titular su columna Telecomunicando de ayer Mentir a la opinión pública (en El Universal), porque los periodistas mentimos cuando tergiversamos u omitimos datos medulares de sucesos o declaraciones. Y su observación me aplica por lo que aquí publiqué bajo la falaz afirmación Prohibido hablar por tv y radio.

EL ASALTO A LA RAZÓN

Prohibido hablar por tv y radio

Pasando por alto el principio elemental de nadie está obligado a lo imposible, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de ministros de su Segunda Sala, llegó al descocado acuerdo que “obliga a los concesionarios a someter sus contenidos al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que esa autoridad determine cuáles son correctos y cuáles no”, ya que “no podrán autorregularse”.