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Legisladores federales

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Avanza ley de transparencia en San Lázaro.

Luego de una discusión de dos horas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó en sus términos por unanimidad con 23 votos en lo general, la minuta que el Senado de la República envió en noviembre pasado sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se turnó para su discusión en el Pleno. Tras rechazarse las reservas que presentaron diputados de Morena se aprobó en lo particular con 18 votos a favor, tres en contra (de Morena y MC) y cero abstenciones.

Por mayoriteo, pasa dictamen que avala suspender garantías

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen a la minuta del Senado para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción. En su sesión de ayer, la comisión avaló sin cambios y con los votos de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal la legislación que apenas en diciembre votó el Senado. Sólo las diputadas de Morena Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón hablaron en contra del documento y lo votaron en contra.

Elevan diputados su tajada.

En medio de los recortes al presupuesto federal y la exigencia de austeridad en el Gobierno, los diputados se aumentarán este año 96 millones de pesos en la partida destinada a los grupos parlamentarios. Esto, pese a que las distintas fracciones parlamentarias justamente se habían comprometido a aplicar medidas de ahorro presupuestal. Además, se trata de recursos de los cuales los coordinadores parlamentarios pueden hacer uso sin necesidad de comprobar, mediante recibos u otra documentación, en qué fueron gastados.

Preocupa a diputada la seguridad de los ediles.

 La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, expuso su preocupación ante las constantes amenazas de la delincuencia organizada en contra de los ediles en la entidad y el riesgo de que los recursos públicos, terminen en manos de la delincuencia organizada, cubriendo el pago de cuotas impuestas y no contribuyendo al desarrollo de las comunidades.