El reparto de plazas en el Congreso acaba con la resistencia de los legisladores que se negaban a sesionar.
Los diputados locales se repartieron las diferentes áreas administrativas del Congreso del estado y colocaron a familiares y allegados. Además, acordaron dar de baja a más de 100 trabajadores antes de que concluya el año.
Se espera que aprueben hoy la prórroga solicitada por el gobierno del estado para entregar la iniciativa de presupuesto del 2019 el próximo 15 de diciembre.
La ruptura en el Pleno ha impedido continuar los trabajos legislativos.
El gobierno del estado impulsará una mesa de trabajo con pobladores de los cuatro municipios indígenas y el Congreso estatal para generar acuerdos.
José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, José Luis Galindo, Ana Guevara Ramírez, Blanca Nieves Sánchez Arano, Marcos Zapotitla Becerro, Keila Figueroa Evaristo, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Naida Díaz Roca impidieron con su ausencia los trabajos de la Legislatura.
El Congreso del estado iniciará procedimientos administrativos en contra de exdiputados integrantes de la LIII Legislatura que presuntamente ocultaron, retuvieron o desaparecieron información y documentación oficial, lo que impidió que se concretara el proceso de entrega-recepción.
Ni siquiera pueden sesionar; un bloque tiene 11 diputados y el otro nueve, lo que no alcanza para tomar decisiones trascendentes.
Piden diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Mañana podría continuar la sesión ordinaria que se suspendió el jueves pasado
Ante la fractura en el Congreso del estado, el Partido Encuentro Social (PES) busca generar los consensos necesarios con las otras fuerzas políticas para remover al Partido del Trabajo (PT) de la Junta Política y de Gobierno.
Los diputados mantendrán sus ingresos y buscarán un incremento presupuestal respecto al año que termina.
Los diputados locales no contemplan reducirse el sueldo el próximo año y, por el contrario, analizan un aumento al presupuesto del Congreso del estado, a 500 millones de pesos, para el pago de deudas que dejó la pasada legislatura.