Que la seguridad pública sea comandada por militares parte de una convicción errada: suponer que la policía española y la gendarmería francesa dependen de las fuerzas armadas, pero lo cierto es que dependen de sus respectivos ministerios civiles del Interior.
Circuló la grabación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diciendo a los senadores de su partido que no se apuren a nombrar a los consejeros que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La sentencia de la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional y su carácter constitucionalmente civil confirma la paupérrima cultura legal de las mayorías cuatroteístas en el Congreso que aprobaron la iniciativa de un presidente capaz de declarar: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
El 24 de marzo pasado, se recibió en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley presidencial que reforma 19 leyes de la administración pública federal.
Es una reconfiguración administrativa cuya trascendencia es difícil exagerar, porque mediante ella se otorgarían al gobierno poderes discrecionales sobre la sociedad que no ha tenido nunca.
La indignada reacción presidencial sobre la hazaña de agentes estadunidenses en México se justificaría únicamente si el objetivo hubiese sido su gobierno y no una sanguinaria y letal organización delictiva multinacional.
Lo de “fuera máscaras” a que tanto llama el presidente López Obrador incluye a su gobierno, resuelto a ejercer el poder de los poderes por encima de los otros dos que mandata la Constitución y de los organismos autónomos del Estado, contrapesos que el Ejecutivo se empeña en disolver.
Un aspecto decisivo para el futuro de México es la activación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hemos visto en estos primeros meses del año.
La Corte ha abandonado su tono de aquiescencia con el poder Ejecutivo en funciones, un poder Ejecutivo que le ha metido groseramente la mano a la Constitución.
La revuelta de los partidos políticos contra la idea de ser normados por un tribunal constitucional dice algo del fondo viejo de nuestra clase política.
Es el fondo que no se ha movido gran cosa a lo largo de estos años de transición democrática, el fondo del rechazo a la ley que los constriñe. Y un límite abierto al debate democrático.
La reflexión de Fernando Escalante a la que me referí ayer, sobre el poder del Presidente, es parte de un ensayo: “México ayer y hoy”, que puede leerse en la edición de Nexos de abril.
Retomo una idea de Fernando Escalante Gonzalbo, dicha en una conferencia en el Centro de Estudios Históricos de Condumex.
Se refiere al poder del Presidente y a sus alcances.