La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en la nueva arma del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado mexicano y le ordenara quitar esta figura de su Constitución para adecuarse a la legislación internacional, el Ejecutivo ha redoblado la presión sobre los tribunales. El presidente ha sido férreo en la defensa de esta medida cautelar, a la que considera imprescindible para atajar los altos niveles de inseguridad en el país.
El 47,7% de los hogares de las ciudades en México no tiene acceso a un suministro constante de agua. Mientras el país sufre una de las peores sequías de su historia, los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), dirigida por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), reflejan la desigualdad en el reparto hídrico.
Jonzi tenía cuatro años cuando un comando armado atacó en Sonora al convoy de migrantes en el que viajaba. El niño, que había llegado a México desde Ecuador, falleció en la noche del 15 de febrero, junto, al menos, otras dos mujeres. Su muerte había pasado desapercibida. Se había añadido a la abultada cifra de migrantes desaparecidos, secuestrados y fallecidos al cruzar el país hasta la frontera de Estados Unidos, de la que nadie pregunta, nadie reclama.
La cueva está viva. El techo se achica, el suelo se alza pero a veces se hunde, las paredes se caen, crecen en otra parte. Aquí nada permanece intacto al tiempo. La cueva es una boca. Cubierta por colmillos de piedra, puntiagudos, formados gota a gota, salen de arriba y abajo, se tumban y avanzan de lado, son miles, pequeños y de metros, les ha llevado años llegar hasta aquí. La cueva es una guarida. Dentro se protege el agua que mantiene con vida todo lo que hay allá arriba.