ste martes el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos intervino de nueva cuenta el albergue “Amor para Compartir” y resguardó a 34 niños y niñas y jóvenes. El organismo informó que 19 de los menores que debían ser reubicados no se encontraron en el lugar y tres escaparon. La institución advirtió que el incumplimiento de una orden judicial, puede derivar en una responsabilidad de tipo penal contra los responsables de la casa hogar.
Desde temprana hora, personal del DIF y de otras dependencias como la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, llegaron a las instalaciones del albergue ubicado en el municipio de Huitzilac, donde llevaron a cabo este martes un segundo proceso de aseguramiento de menores.
Esta es la segunda ocasión, pues el pasado 16 de febrero se dio a conocer el primer operativo en el que la Fiscalía General del Estado sacó –entre gritos y llanto- a 19 menores, como consecuencia de una carpeta de investigación por presunto maltrato y otras supuestas irregularidades que serían investigadas a fondo.
Este hecho provocó denuncias por parte de directivos de la casa hogar, quienes aseguraron que el conflicto tiene como origen algunas diferencias con el DIF Morelos. En su momento incluso denunciaron que se violó la suspensión provisional de un juzgado.
Ayer, en conferencia de prensa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Morelos, Elena Cepeda de León, informó que regresaron por el resto de los menores, luego de que el Juzgado Primero de Distrito, con expediente de amparo 179/2016-9, ordenó el 17 de febrero que los menores fueran trasladados de manera inmediata y provisional a las instalaciones del organismo para su resguardo y atención, hasta que el centro de asistencia social "Amor para Compartir" subsane todas las recomendaciones que se le hicieron en una supervisión que hizo el mismo DIF.
De acuerdo con los datos de la institución pública, en la primera ocasión fueron llevados del albergue 19 menores, en esta segunda intervención 34 hombres y mujeres de entre los siete y los 22 años de edad, y tres escaparon. Además, hay 19 menores cuyos nombres fueron incluidos en la demanda de amparo –contra la presunta clausura- por la dirección del albergue, pero este martes no se encontraron y el personal del albergue no informó sobre su paradero.
Esta negativa a entregarlos con el pretexto de que algunos eran mayores de edad, advirtió Cepeda de León, implicaría un desacato de la orden judicial, por lo que podría haber responsabilidad penal y por lo tanto pedirán al juez de distrito que proceda contra la directora de la asociación, Lourdes Fuentes.
La presidenta insistió en que se procedió conforme a la legislación federal de protección a los menores, “no por una ocurrencia de la señora del DIF”.
Reiteró que en la supervisión hecha a la casa hogar se habían identificado supuestas irregularidades en las instalaciones del albergue, en cuanto a higiene en manejo de alimentos, faltas como el que los menores resguardados tenían padecimientos respiratorios; en la casa hogar estaban juntos niñas, niños y jóvenes mayores de edad, entre otras. Además, presuntamente, no contaban con expedientes clínicos y demás documentos de los infantes, ni con personal adecuado para su atención.
Elena Cepeda insistió en que albergues como éste operan con apoyos de la sociedad civil e incluso con organizaciones internacionales, por lo que llegan a convertirse “en un negocio”.
