El 13 de noviembre de 2020, se preparó y envió una tarjeta informativa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sobre un tema que le había sido planteado ya con anterioridad y que era un pequeño escándalo en los medios de comunicación desde hacía casi un año, la existencia de personajes que cobraban sin trabajar en el Poder Ejecutivo.
En el documento, girado desde la Dirección General de Análisis Estratégico, al que él mismo había asignado funciones para investigar y denunciar probables casos de corrupción en el pasado, se anotaba sucintamente: “Aviadores en las Diferentes Secretarías del Poder Ejecutivo”, y se enunciaban tres nombres, todos ellos con alguna vinculación con el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina.
Liu León Luna, representante del Ejecutivo de Morelos en la Ciudad de México era la primera en el listado, junto a su nombre y su relación de pareja con Ulises Bravo se puso entre paréntesis la leyenda “(Persona que no Trabaja)”.
Las mismas cuatro palabras se incluyeron después de los nombres de Carlos Juárez López, entonces coordinador general de Proyectos Estratégicos de la Gubernatura y tío de Ulises Bravo; y Gilda Palmos Leyva, directora general de Coordinación y Vinculación Política en la Oficina de la Gubernatura, identificada como amiga del hermano del gobernador.
La historia de las denuncias había iniciado poco más de un año antes. René Fujiwara Apodaca, quien después de haber apoyado en campaña a Blanco Bravo, había sido nombrado rector de la Universidad Tecnológica del Sur. Unos meses después de eso, Fujiwara denunció a Ulises Bravo Molina por haberlo amenazado después de que su propuesta de incluir en la nómina de la universidad a una persona fue rechazada.
En paralelo, en el Congreso del Estado se ventilaba la influencia de Bravo Molina en la toma de decisiones del régimen, se le acusaba de presionar a los diputados locales y de haber incrustado en la nómina del gobierno a personas que no cumplían función alguna.
La Dirección General de Análisis Estratégico advirtió a Blanco Bravo de la probable comisión de delitos en la jefatura de la oficina de la gubernatura, a donde estaban adscritos los tres funcionarios, trece meses después de que el escándalo iniciara, después de una investigación sobre cada una de las posibilidades.
Pero, según consta en documentos consultados por La Jornada Morelos en la Plataforma Nacional de Transparencia los funcionarios mantuvieron sus nombramientos, en el caso de Palmos Leyva, por lo menos hasta el 31 de octubre del 2022, en que hay registros de recepción de ingresos como directora general de Coordinación y Vinculación Política (un cargo en que ahora despacha Gabriela Itzel Flores Juárez); Carlos Juárez López, que luego fue nombrado coordinador de asesores de la Gubernatura, también hasta el 31 de octubre de 2022; y en el caso de Liu León Luna, hasta septiembre del 2024, según da cuenta la nota publicada en La Jornada Morelos el 24 de septiembre pasado, disponible en (https://www.lajornadamorelos.mx/sociedad/cuauhtemoc-blanco-gasto-mas-de-9-2-millones-en-una-oficina-cerrada/).
