Los cabos sueltos de Andrés Manuel

El gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando de seis páginas que la agregaduría legal de la embajada de Estados Unidos en México envió en marzo de 1986 a la oficina del entonces director del FBI, William Webster, donde se ventilan las sospechas de que Manuel Bartlett, a la sazón secretario de Gobernación, estaba vinculado al narcotráfico. Ieva Jusionyte, profesora de seguridad internacional de la Universidad de Brown, y el periodista Juan Alberto Cedillo, lo obtuvieron tras dos solicitudes bajo el Acta de Libertad de Información, cuya publicación esta semana revivió el avispero sobre la narcopolítica morena.

El memorando está muy testado, lo que es común cuando se desclasifican documentos secretos, pero su redacción sugiere que dos funcionarios mexicanos que buscaron apoyo del FBI no lo obtuvieron porque reportes señalaban que estaban involucrados en el narcotráfico, y si sus jefes no tomaran acción contra ellos, los considerarían cómplices que recibían beneficios económicos de sus actividades. El informe apuntaba que la corrupción alcanzaba los niveles más altos del gobierno y Bartlett es el único nombre que aparece sin testar, lo que es inusual.

En varias ocasiones a lo largo de los años he solicitado información a diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos, en algunas de las cuales he agregado nombres, tanto por ser personas de interés con fines periodísticos o para obtener datos de contexto. Las peticiones fueron rechazadas porque, para que pudieran desclasificarse los memorandos con la información específica solicitada, necesitaba el permiso de las personas señaladas o, en el caso de que estuvieran muertas, de su familia. Por la forma como se publicó el memorando, se puede concluir que Bartlett no dio su consentimiento para que se desclasificara el memorando. ¿Por qué sucedió ahora?

El informe se liberó el 12 de agosto pasado, dos semanas después de la captura de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en Culiacán. No hay nada que vincule los dos episodios, salvo algunos puntos circunstanciales, como que en ambos casos están involucradas dos personas muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bartlett es director de la Comisión Federal de Electricidad, y Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, fue ligado al Cártel de Sinaloa directamente por el Mayo Zambada.

Bartlett y Rocha Moya son figuras altamente mediáticas y las manchas sobre ellos acompañarán al Presidente en los cuatro días que le quedan a su sexenio, aunque probablemente lo trascenderá cuando los árboles formen un bosque.

Las imputaciones a Bartlett han sido una carga para el funcionario, que siempre ha negado su vinculación con el narcotráfico y, en particular, su involucramiento en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985, por órdenes de dos líderes del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, que terminó su condena en 2017, y Rafael Caro Quintero, que fue recapturado en 2022 días después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le proporcionó a López Obrador las coordenadas de dónde se encontraba, exigiéndole su detención. Caro Quintero no ha sido extraditado aún, y de acuerdo con fuentes en la Corte del Distrito Este en Brooklyn que conocen de la narcopolítica mexicana, se debió a un acuerdo a cambio de que inyectara dinero a campañas políticas de Morena.

López Obrador ha descalificado todos los señalamientos contra él o su gobierno por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ayer, en lo que pudo haber sido su antepenúltima mañanera, dijo que no tienen cabida ni credibilidad los planteamientos que señalan que tiene relación con el crimen organizado, como recientemente lo aseguró en una carta pública el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que este jueves fue nuevamente motivo de críticas de su parte.

No se sabe si las imputaciones de García Luna tendrán una secuela documental que implique a López Obrador con el narcotráfico, como amenazó, pero no es lo único que está sucediendo en Brooklyn. Información que ha trascendido en esa corte señala que el Mayo Zambada ya comenzó a hablar con los fiscales de Estados Unidos, sin saberse hasta este momento lo que tienen sobre la mesa. Zambada, cuyo enlace político con el gobierno era Rocha Moya, de acuerdo con información que se filtró, fue traicionado por el gobernador, que le tendió la trampa para que lo capturaran.

Zambada tiene más de 30 años de relacionarse con el poder, que fue su modus operandi para comprar protección e impunidad. Una demostración del método lo proporcionó su hermano, Jesús el Rey Zambada, quien era responsable de la plaza en la Ciudad de México, donde fue detenido en 2008 y extraditado a Estados Unidos. El Rey Zambada declaró a los fiscales que el Cártel de Sinaloa sobornó a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador lo encabezaba –lo repitió durante el juicio al Chapo Guzmán–, y que aportó dinero para su campaña presidencial en 2006.

Si el Mayo Zambada comienza a dar detalles sobre cómo compraban protección e impunidad, nadie sabe en qué terminará. Su captura la ha atribuido a una traición de Guzmán López, involucrando a Rocha Moya, que parece asustado. En el avión que supuestamente lo trasladó a Los Ángeles el mismo día que capturaron a Zambada, viajó su familia, y la información que tiene el gobierno mexicano es que se quedó viviendo en Mid City, en la parte central del área metropolitana de Los Ángeles, un vecindario residencial que no tiene mucho turismo, lo que deja entrever que Rocha Moya sabe que su vida y la de su familia están en riesgo.

La madeja de la sospecha de la narcopolítica en los más altos niveles del gobierno de López Obrador tiene muchos cabos sueltos que no puede eliminar. El memo desclasificado sobre Bartlett y el inicio de las declaraciones de Zambada en Brooklyn en vísperas de que termine su sexenio son una muestra de lo que está fuera de su alcance. Pero más delicado aún, de lo que podrá enfrentar cuando regrese a ser un ciudadano sin poder formal.