La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha admitido a trámite este jueves una consulta que busca impugnar la reforma judicial. Con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno ha aprobado estudiar la petición de un grupo de jueces y magistrados contra la iniciativa. La Corte ha decidido admitir la queja de los juzgadores federales porque es ella quien debe “velar por la autonomía y por la independencia de los órganos de la judicatura federal” y también la encargada de “dirimir cualquier controversia suscitada en el Poder Judicial de la Federación”. Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se han posicionado en contra; esta última lo ha llegado a calificar de “golpe de Estado”. La admisión, de momento, solo supone que el proyecto será turnado a un ministro, quien deberá hacer una propuesta sobre el asunto.
El 11 de septiembre fue aprobada en una caótica sesión en el Senado la reforma judicial propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa ordena una transformación completa del poder judicial, la más amplia desde 1994, que va a tener como piedra angular la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. Ese mismo día, un grupo de cuatro titulares de juzgados de distrito y 15 magistrados presentó una consulta ante la Suprema Corte en la que le pedía que “dirima el conflicto” entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial creado por la reforma: “En razón de que afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus miembros y, por ende, el principio de división de poderes”.
Esta petición y otras similares llegaron a la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien ante la duda sobre qué hacer con las quejas optó por preguntar al pleno y que decidieran en conjunto. Uno de los asuntos fue encargado al ministro José Luis González Alcántara Carrancá, y otros a Lenia Batres y Yasmín Esquivel. El de este jueves, de González Alcántara, ha sido el primero en analizarse. La propuesta del ministro es que la consulta sí puede admitirse a trámite porque en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se señala que: “El Pleno de la Suprema Corte […] velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial […] y por la independencia de sus integrantes”.
Esta aproximación ha sido compartida por otros siete ministros. Para Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, supone una oportunidad: “Con independencia de lo que se resuelva (una vez admitida y encauzada la consulta), este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado”.
La decisión de hoy es un paso inicial sobre qué hacer con estas consultas que llegan a la Suprema Corte, no entra a estudiar qué puede o no puede hacer el máximo tribunal ante una reforma constitucional: “Una vez que se turne a un ponente, que prepare un proyecto, entonces podremos explayarnos en todo. El proyecto simplemente está diciendo ante la pregunta de la Ministra Presidente, qué se hace con un escrito de esta naturaleza, ¿desecho yo o turno a un ponente que haga un proyecto?”, ha señalado el ministro Javier Laynez.
La ministra Yasmín Esquivel ha rechazado la admisión a trámite de la consulta porque fue presentada antes de que la reforma saliera promulgada oficialmente —el 15 de septiembre— y también porque resulta “improcedente”. En el mismo sentido, Loretta Ortiz está en contra de que haya sido admitida por el artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial porque esta ley “no abarca cualquier controversia sino solo aquellas que se originan en el interior del Poder Judicial”.
Más dura ha sido Lenia Batres, la última ministra nombrada por López Obrador, quien ha criticado a Carrancá de hacer una “interpretación fraudulenta” de la ley para admitir a trámite la consulta: “Asumir lo que se propone en el proyecto, implicaría abrir la puerta para que la Suprema Corte revise cualquier reforma a la Constitución, pues no existiría parámetro constitucional ni legal, que limitara a una Suprema Corte que intentara subordinar a los otros poderes de la unión. La Suprema Corte actúa o actuaría así, de manera tiránica, despótica, autoritaria, al tratar como inferiores jerárquicos a los otros poderes, incluso al Poder Reformador que tiene representación directa del pueblo soberano”. “La Suprema Corte estaría dando un auténtico (y lo digo con todas sus letras) golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional reformador”, ha concluido Batres.
El enredo jurídico se basa principalmente, explica el abogado especialista en Derechos Humanos, Luis Tapia, en que “no hay una vía clara para que la Suprema Corte revise una reforma constitucional”. Las opciones que se tiene para revisar otras leyes —la acción de inconstitucionalidad, la controversia o el amparo—, todas tienen como marco la Constitución. ¿Qué pasa cuando es la propia Constitución lo que se quiere revisar? “Bajo esa idea, un grupo de magistrados presentaron esta vía como abrir un nuevo camino”, explica Tapia, que incide en que “no hay precedentes, porque no hay un camino construido para controlar reformas constitucionales”.
La decisión del pleno ya ha suscitado las primeras críticas en Morena, el partido en el Gobierno. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha señalado que abrir la puerta a revisar la reforma es “una conducta facciosa”. “Hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a la ministra Norma Piña a no dar un paso más en la conducta irresponsable”, ha dicho en una conferencia de prensa este jueves. Fernández Noroña ha calificado la decisión de “una provocación mayúscula”, que pone a los ministros fuera de la ley: “¿Quién se creen? ¿Qué les pasa, quieren llevar a la República a una crisis?”.