La ministra y la Presidenta

Porque la Suprema Corte aprobó estudiar los cambios realizados a la Constitución en materia judicial, la ministra Lenia Batres acusó la existencia de un “golpe de Estado” y la presidenta Sheinbaum denunció un “golpe aguado”.

Ambos son golpes. Desconocemos si golpe aguado quiere decir fracasado, blando o qué. Pero es golpe.

La ministra y la Presidenta calumnian a los integrantes de la Corte para echarles a los medios de comunicación y al “pueblo bueno” encima por un “comportamiento sedicioso”.

Se trata de amilanar a las ministras y ministros antes de que resuelvan el fondo de esa aberración, que es entregar a las personas más populares o que hagan mejor campaña la tarea de juzgarnos e interpretar la Constitución.

La Presidenta dijo en Veracruz que a la transformación no la pueden parar ocho ministros y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar la forma de gobierno.

Ahí está uno de los dos sofismas de la Presidenta.

Si la mayoría (espuria) de Morena y aliados en el Congreso decide cambiar la Constitución a fin de abolir los derechos de las minorías, ¿también es válido?

O si esa mayoría (espuria) tiene a bien reestablecer la esclavitud en México, ¿hay que aceptarlo?

Según los argumentos de la Presidenta la respuesta es sí, porque el pueblo tiene el derecho de alterar la forma de gobierno y el texto de la Constitución.

Y, remacha, lo que decida el pueblo no lo pueden frenar los ministros de la Suprema Corte.

Ahora la mayoría (espuria) puede ordenar ciertas aberraciones, y más adelante esas mismas mayorías pueden aprobar otras locuras, como los dos casos extremos mencionados arriba.

¿Es legal? ¿Está en el espíritu de la Constitución anularse a sí misma? ¿Qué hay con los tratados internacionales que México ha suscrito, que son garantías al mundo de que somos una nación democrática?

Con las reformas constitucionales aprobadas por la mayoría (espuria) en el Congreso hay duda razonable de que se le quita la autonomía al Poder Judicial.

Eso es lo que la Corte acordó estudiar.

¿Cuál “golpe de Estado”, ministra Batres?

¿Cuál “golpe aguado”, presidenta Sheinbaum?

El ministro Juan Luis González Alcántara, en la sesión en que Lenia Batres acusó a la Corte de dar “un auténtico golpe de Estado”, señaló que prominentes figuras de Morena exigieron formalmente a la Corte “revisar el proceso de reforma constitucional, el proceso de reforma a la Constitución hace 10 años. Nadie, en ese momento, los acusó de golpistas”.

Después de ese debate en la Corte, la presidenta Sheinbaum, rodeada de marinos y militares, acusó el “golpe aguado” y que el pueblo manda.

Ahí está el segundo sofisma: ¿a cuál pueblo se refiere la Presidenta?

El 55 por ciento del pueblo votó en favor de los candidatos de Morena y aliados. El 42 por ciento del pueblo votó en contra.

¿Sólo es pueblo el 55 por ciento de la población?

Salvo que queramos cerrar los ojos, la Presidenta que prometió gobernar para todos únicamente considera “pueblo” a los mexicanos que están de su lado.

¿Cómo se llama eso? Populismo y sectarismo.

Es encomiable, por digna, la rectitud de las ministras Margarita Ríos Farjat, Norma Piña, de Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que dan la batalla para ejercer sus funciones.

Saben que es una batalla cuesta arriba, por las amenazas (no tan) veladas de la comandanta en jefa rodeada de militares, en la Ciudad de México, en Acapulco, en Veracruz.

La batalla, sin embargo, ya se perdió cuando consejeros en el INE, con las excepciones de Beatriz Zavala, Jaime Rivera Velázquez, Martín Faz y (en parte) Paola Ravel, aprobaron darle a Morena y aliados 73 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados, cuando tuvieron 55 de los votos.

A la oposición, que obtuvo 42 por ciento de los votos, le asignaron sólo 26 por ciento de la representación.

Con eso le regalaron al gobierno una mayoría calificada que le permite cambiar la Constitución.

Y a la oposición, con ese 26 por ciento de los diputados –no obstante haber ganado 42 por ciento de los votos–, le cerraron el camino para impugnar la constitucionalidad de leyes que apruebe la mayoría.

La batalla se perdió cuando magistrados del Tribunal Electoral, con la excepción de Janine Otálora, avalaron el regalo a Morena de una mayoría calificada que, ni de lejos, alcanzó en las urnas.

La batalla se perdió cuando un amplio sector de la opinión pública y de la opinión publicada se entregó a la indiferencia o al confortable regazo del poder absoluto.