Políticos, líderes partidistas, abogados, miembros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y diputados locales han exigido una investigación minuciosa sobre el intento de violación cometido presuntamente por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo contra su media hermana Blanca Fabiola “N”, para que de encontrarse elementos suficientes, se inicie un proceso de desafuero ante el Congreso de la Unión, que permitiría su juzgamiento por este delito.
Entre los que han manifestado su postura se encuentran Jonathan Márquez, dirigente del PRI; Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados; Daniel Martínez Terrazas, líder del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado; e Israel Hernández Cruz, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, entre muchos otros; todos ellos han instado a que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación.
La denuncia fue interpuesta por Blanca Fabiola “N”, quien trabajó en la administración de Blanco desde marzo de 2019 en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo; según su testimonio, fue víctima de presiones y amenazas de ser despedida de su cargo. La denuncia está registrada en la carpeta SC01/9583/2024 y, hasta el momento, no ha sido judicializada, según diversos reportes.
Además, el inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos ya había sido mencionado en un caso previo de violencia familiar que involucra a Ulises Bravo Molina, medio hermano de Cuauhtémoc, lo que añade un contexto aún más complejo a la situación.
Es importante señalar que, actualmente, Cuauhtémoc Blanco goza de fuero como diputado federal, lo que le otorga inmunidad procesal; este fuero fue adquirido tras concluir su mandato como gobernador, en medio de disputas sobre los plazos establecidos por la ley electoral.
Dicha situación ha generado un amplio debate en la esfera pública y política de Morelos, con llamados a la transparencia y a la justicia; los actores involucrados han enfatizado la importancia de proteger los derechos de las víctimas y asegurar que cualquier denuncia de este tipo sea tratada con seriedad y diligencia.
El caso también ha reavivado discusiones sobre la necesidad de reformar el marco legal que rodea el fuero, con el objetivo de garantizar que ningún funcionario público pueda eludir la justicia; varios grupos civiles y organizaciones de derechos humanos han solicitado una revisión de estos privilegios, argumentando que deben prevalecer el Estado de derecho y la igualdad ante la ley.
Mientras tanto, la opinión pública se mantiene atenta a los avances de la investigación, esperando que se tomen las acciones necesarias para abordar este caso de manera justa y efectiva. La presión sobre las autoridades para actuar se intensifica a medida que más voces se suman a la demanda de rendición de cuentas.
