Tiene razón Gerardo Fernández Noroña: la sesión del fin de semana en que el Senado fue convertido en casino fue “histórica de un procedimiento inédito para elegir a las personas juzgadoras”.

Sin duda fue trascendental: jamás en los gobiernos que México ha tenido en 200 años —incluido el de Maximiliano— el oficialismo imperante había degradado tanto la institucionalidad y las prácticas republicanas, y menos para cumplir el rencoroso y vengativo capricho del ex de destruir el Poder Judicial mediante el miserable recurso de una tómbola.

Lo perpetrado refleja la malignidad con que se fraguó la chatarrización de la impartición de justicia, entre otras razones porque arruina la vida de decenas de miles de servidores públicos que han venido capacitándose a partir de modestos cargos administrativos (mecanografía, archivo, recepción de expedientes, notificaciones, actuarios, secretarios de estudio y cuenta) para presentar exámenes y convertirse en juzgadores (y en el camino de 10 o más años, muchos —incluidos jueces y magistrados— cursan maestrías y doctorados).

Entre los sofismas que se arguyen para intentar justificar la dinamitación de la separación de los poderes figura la estupidez de que el pueblo votó por una “revolución pacífica”.

¿Acaso expidió un cheque en blanco a los ganadores para que hagan con el país lo que se les antoje?

El 2 de junio se votó por candidatos y partidos para renovar los cargos ejecutivos y legislativos de la Federación y de las 32 entidades federativas, pero ni la Presidencia ni sus antidemocráticas mayorías legislativas respetan el mandato ciudadano:

Si Claudia Sheinbaum obtuvo 60 por ciento de la votación, sus correligionarios de Morena y contlapaches del Verde y el PT sacaron 53 por ciento. El 7 por ciento de diferencia le fue concedido a la oposición.

Eso quiere decir que 53 por ciento de quienes votaron por los diputados y senadores morenistas y morenianos apoyó, desde la ignorancia, la reforma al Poder Judicial, pero no el tramposo 75 por ciento de las curules que el oficialismo detenta en San Lázaro con su abusiva sobrerrepresentación.

Dicho de otra manera: lo que el pueblo decidió fue que las distintas fuerzas políticas negociaran y por esto le dio a cada bando, aproximadamente, mitad y mitad de los votos.

Por desgracia, traicionando la voluntad popular, cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que 53 valiera 75 por ciento y el 46 por ciento de los otros únicamente 25.

Se alega que desde su campaña Sheinbaum se comprometió con la destructiva iniciativa de su mentor, pero esto no necesariamente significa que sus votantes quisieran la destrucción del Poder Judicial (o que la doctora siguiera exigiéndole disculpas a España).

Como tampoco, por cierto, con AMLO en 2018, imaginaban que la “revolución de las conciencias” incluyera la ridícula y fraudulenta no rifa del avión presidencial y menos los “abrazos, no balazos” para los delincuentes…