Dice que por su trabajo va por la reelección
Con la novedad de que lo que se veía venir, nos comentan, se ha confirmado: Rosario Piedra se ha anotado para tratar de ser reelecta al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo ha hecho en medio de cuestionamientos por su desempeño. Y es que organizaciones como el Centro Prodh han hecho saber diagnósticos sobre lo que ha ocurrido en los últimos años y en ellos refieren que ha habido un debilitamiento institucional. Aun con ello Piedra informó ayer: “Me he registrado en el Senado para contender por un segundo periodo al frente de esta Comisión Nacional”, en un mensaje que dirigió al personal de la misma. Además agregó: “Lo he hecho así, porque estoy convencida de que gracias al trabajo de todas y todos ustedes hemos avanzado mucho en la transformación de la CNDH, pero aún tenemos que consolidarla. Entre quienes siguen este proceso, nos dicen que la premura y apretados tiempos de la convocatoria podría conceder cierta ventaja a Piedra Ibarra, aun cuando se encuentre bajo fuertes críticas. Pendientes.
Nos piden no perder de vista los señalamientos que se han hecho sobre la reforma que instrumenta la elección de jueces, sobre todo, en la parte en la que concede nuevas facultades a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. Fue ahora la consejera Dania Ravel quien dio cuenta de que la modificación al artículo 45 de la Legipe —que permite hacer designaciones unilaterales en direcciones ejecutivas y unidades técnicas— “daña el trabajo colegiado del que sigue siendo el máximo órgano de dirección del INE”, y que la adición del artículo 48 que da nuevos poderes a la Junta General Ejecutiva podría invadir las atribuciones de las consejeras y consejeros. “Sustituir el debate y la colegialidad de las comisiones por determinaciones de la JGE, implica imponer una visión reduccionista de un grupo de funcionarios que son designados de manera unilateral. La sustitución de atribuciones colegiadas por la concentración de una visión unipersonal pone en riesgo la pluralidad y podría propiciar prácticas poco democráticas”, ha señalado. Y ojo, porque, nos dicen, no es la única que piensa así.
Y nos cuentan que mientras la senadora del Partido del Trabajo Lizeth Sánchez andaba en primera fila, muy sonriente en Puebla, donde acudió a la toma de protesta de Pepe Chedraui como alcalde de la capital, en la Cámara alta se paralizó la sesión, porque faltaba su firma en el acuerdo de la Mesa Directiva para emitir la convocatoria para las personas juzgadoras que competirán en la elección de junio del 2025. Nos dicen que fue el mismo presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reveló –sin dar nombres– que se carecía de una rúbrica para lanzar la convocatoria, pues al ser voto ponderado se requerían siete de los 11 integrantes de la Mesa, en razón de que la oposición se negó a suscribirla. El morenista reconoció que a pesar de que él tiene voto de calidad, no quiso dar pie a ninguna duda o resquicios legales que pudieran usar los opositores para impugnar la convocatoria. Es por ello que, de inmediato, se pusieron a localizar a la senadora petista para que, “como rayo”, se regresara a estampar su firma en el documento. Ni tiempo le dio de comerse un molito rojo. Uf.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en un cruce de caminos, todos ellos adversos. Como si no fuera suficiente la crisis de violencia que azota a su estado desde hace cinco semanas, el mandatario abrió otro frente de tensión, que escaló hasta organismos internacionales. Ayer, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, condenó la andanada de Rocha en contra de los comunicadores Azucena Uresti y Luis Chaparro. En su conferencia del lunes, Rocha dijo que los reportes de estos periodistas “lo único a lo que están contribuyendo es a que uno de los grupos agarre rivalidad conmigo”. El CPJ (por su siglas en inglés) consideró un “ataque verbal” del gobernador hacia los profesionales de la comunicación. Y bueno, más allá de la condena, muchos se preguntan por qué a Rocha le preocupa que “uno de los grupos” agarre rivalidad en su contra. ¿No se supone que él, como autoridad, debería tener rivalidad con todos los grupos delictivos? Ahí queda el dato.
Muchos se preguntan en dónde andará el exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien simplemente no aparece por ningún lado y menos lo hará, nos aseguran, a raíz de la detención de quien fuera su secretario de Educación, Rubén Calderón Luján. La Fiscalía Anticorrupción estatal lo acusa de pagar 1.3 millones de pesos a un despacho, por un servicio de asesoría que nunca se recibió. Y el mismo día, el exsubsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante, fue sentenciado a 13 años de prisión por peculado y ejercicio indebido del servicio público, pues retiró de una cuenta institucional 3.7 millones de pesos sin justificación. Hay otros excolaboradores de Rosas Aispuro en la mira de la justicia. Y del exmandatario, ni sus luces. Lo último que se supo de él fue que buscaba fuero a través de una senaduría por el PAN, lo cual no logró. Ahora, seguramente se está encomendando a algún santo para que el agua no le llegue a los aparejos.
Y lo que anoche estaba en veremos era el fin del paro por parte de jueces y magistrados, por lo que ya se verá este día si vuelven o no a las oficinas. Hay dos cuestiones, se ha informado, que inciden en las dudas que tienen los juzgadores en torno a su decisión de retornar o no a labores: la primera es que los trabajadores del Poder Judicial han advertido que ellos se mantendrán en paro, porque consideran que sí hay afectaciones a sus derechos y porque hasta el momento no han sido atendidos. La otra es que la realización de la tómbola por parte del Senado de la República sí representó un fuerte impacto entre los juzgadores, quienes al ver la forma en que fue afectado el proyecto de vida de sus pares han reaccionado con solidaridad. La semana pasada una consulta realizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que encabeza la jueza Juana Fuentes, había determinado el fin del paro. Sin embargo, ahora se verá si ese ejercicio se realiza nuevamente. Pendientes.