La magistrada María Elena Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, podrá seguir trabajando en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil hasta 2027, pero después del tombolazo “seguramente no y somos muchas las personas que estaríamos declinando la candidatura”.

Dice que lo hecho por el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial “es una burla al Estado democrático y a la República”, a la que han dejado expuesta al escarnio internacional.

Explicablemente indignada, Molina fue entrevistada este lunes en MILENIO Tv por Alejandro Domínguez.

Lamenta que se hayan “ventilado nuestros datos como si fuéramos premios de lotería” (el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, chistoreteó: “Todos estamos aprendiendo, de aquí a la Lotería Nacional…”).

Ironiza la magistrada:

“Se dice que esto sucedía en la antigua Grecia. Yo espero que la humanidad haya avanzado después de la antigua Grecia”.

Y más adelante:

“Nunca entendimos por qué había 100 bolitas. Si serían pares o nones, bastaban dos. Desde la antigua Grecia sabíamos eso y yo creo que desde antes.

Vale la pena recuperar algunas otras de sus reflexiones:

—México llevaba pasos firmes en la consolidación de su democracia, “entendida no solo como un ejercicio de votos, sino de protección de los derechos humanos”.

—Es humillante lo que han hecho.

—Desprecian la meritocracia.

—Son actos absolutamente ilegales e inconstitucionales conforme a su propia reforma. Ni siquiera cumplen con las reglas fijadas en los transitorios que aprobaron donde se prevé que debió haber sido la mitad de los cargos de cada circuito por cada especialización. Sé que no entienden lo que significa eso, pero nuestro país está dividido en 32 circuitos que no corresponden a entidades federativas, y además hay órganos especializados a nivel nacional, por ejemplo, en Ciudad de México los de concursos mercantiles o el de comunicaciones.

—Dividieron solamente a la mitad la cantidad de personas juzgadoras, sin alguna perspectiva de género ni de derechos humanos para las personas juzgadoras que están enfermas.

—Han dicho que lo que se estaba rifando o insaculando eran los puestos, no las personas, pero leyeron los nombres y pidieron al Consejo de la Judicatura no hacer cambios de adscripción. Entonces no son puestos, son personas, porque si de aquí a la elección cambian a alguien, esa persona cambiaría su situación. “Por ejemplo, para el lugar que estoy ocupando, si me cambiaran, yo tendría que estar en la elección de 2025”.

—Dicen que somos juez y parte. Hay un principio de necesidad: cuando algo parece irresoluble, alguien tiene que resolverlo, porque es un derecho de acceso a la justicia.

—Es un tema mucho muy importante, porque tiene que ver con la estructura del país.

—Al igual que se pregunta ¿por qué el Poder Judicial está revisando lo que hace el Congreso?, ¿por qué el Congreso está destruyendo al Poder Judicial?

—Si se trata de facultades y tenemos facultades para hacerlo. No hay nadie más que lo pueda hacer...