Ante la emisión de la convocatoria para la elección por voto popular de juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para junio de 2025, jueces y magistrados advierten un caos en este proceso electoral, pues prevén una saturación de solicitudes de aspirantes y errores en el trazado del mapa judicial.
De manera paralela, jueces y magistrados presentaron diversas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que promueven demandas de defensa de derechos electorales contra diversos actos del Senado y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como por la emisión de la convocatoria para la elección que se hará el próximo año.
Según fuentes consultadas del Poder Judicial, quienes vayan a querer participar en esta elección deben impugnar estos acuerdos porque de otra manera no hay certeza ni legalidad sobre el procedimiento electoral al que están siendo sometidos.
Entre las anomalías se halla que la convocatoria es abierta, se eliminaron requisitos y se perfila que podría haber una saturación del sistema, pues ahora con que el interesado tenga la licenciatura en Derecho y 8 de promedio puede concursar.
Jueces y magistrados explican a EL UNIVERSAL que otra anomalía es que la convocatoria plantea que la elección sea por Circuito; sin embargo, no todos los tribunales se manejan de esa manera, pues hay algunos de competencia nacional y otros de competencia regional, y a todos los están metiendo en la Ciudad de México.
Eso va a impedir que un ciudadano en otro estado pueda votar por sus jueces, a pesar de que va a ser afectado por sus sentencias.
Por ejemplo, el Tribunal Laboral Federal (TLF) de Asuntos Colectivos está ubicado en la Ciudad de México y tiene competencia nacional; si hay una huelga de competencia federal en Nuevo León el asunto tiene que resolverlo ese tribunal que sólo está en la capital, y lo mismo si hay una huelga federal en Michoacán, Guanajuato, Yucatán también debe resolverlo, porque tiene competencia en toda la República.
Agregan que como ese hay más tribunales y juzgados que tienen competencia nacional. Otro caso es el de los tribunales y juzgados auxiliares, que se dividen en varias regiones en el país y auxilian a otros cuando tienen grandes cargas de trabajo. Así, un tribunal auxiliar de la Ciuadd de México puede resolver asuntos de Nuevo León.
“¿Cuál es el problema de considerar que esos tribunales de competencia nacional o regional pertenecen solo al Primer Circuito? Están limitando el derecho de los ciudadanos para votar por sus juzgadores. Una persona ubicada en Jalisco no tendrá la oportunidad de votar por su juez de asuntos colectivos.
“Es como si dijeran que sólo las personas que habitan en la Ciudad de México pueden votar por el presidente de la República con el argumento de que su residencia está en Palacio Nacional, limitando el derecho de todos los demás estados para votar por el representante del Poder Ejecutivo”, advierten los juzgadores.
Remarcan que se violan los derechos político-electorales de todos, además, de que no están respetando la perspectiva de género y los derechos de las minorías.
En cuanto a las minorías, en la reforma se establece que sólo podrán votar por hombres y mujeres, pero los juzgadores cuestionan: “¿qué pasará con aquellas personas que no se identifican con algún género?”.
Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, magistrado de Circuito del Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, señala que una convocatoria que tiene como antecedente una gran cantidad de actos ilegales desde su origen como es la reforma judicial presenta vicios de inconstitucionalidad.
Subraya que a pesar de que varios jueces de Distrito decretaron la suspensión en juicios de amparo, no lo han respetado, como son: el poder reformador de la Constitución, INE, los cuatro consejeros de mayoría del CJF y el Senado siguen con sus actos de ejecución vulnerando el Estado de derecho.
“Esta convocatoria es fruto de actos viciados de ilegalidad, frutos del árbol podrido, y por lo tanto ilegal”, argumenta el magistrado.
El documento (demanda de juicio de defensa de derechos electorales) precisa que en el país hay 32 Circuitos judiciales repartidos en todo el territorio nacional.
El procedimiento de insaculación debió dividirse en 32 apartados correspondientes a cada uno de los circuitos judiciales y que en cada caso se obtuviera por sorteo la mitad de las plazas que serían sometidas a votación popular. Sólo así se podría dar cumplimiento al mandato previsto en el decreto de renovar a la mitad de los cargos correspondientes a cada Circuito judicial en la elección extraordinaria de 2025.
“Contrariamente a ello, el procedimiento realizado fue tomando como base una sola lista nacional que se dividió en dos, pero en realidad se realizó un solo sorteo, como si existiera un único Circuito judicial nacional.
“Para el caso de las magistraturas, dicho ejercicio indebido arrojó resultados que no se apegan a lo ordenado en el decreto de reforma constitucional; por ejemplo, el Circuito 9 en San Luis Potosí fue de 66.67%; el Circuito 10 en Tabasco, con 70.37%, y el Circuito 32 en Colima con 33.33%”, indica el documento de la impugnación.
Detalla que existen 15 Circuitos judiciales que cuentan con un número par de magistraturas que lo integran y en ninguno de ellos se respetó el 50%, es decir, para 2025 se van a elegir más de la mitad en algunos casos y menos de la mitad en otros, por lo que no se respetó lo ordenado en el decreto de reforma constitucional.
El documento recomienda ordenar al Senado realizar un nuevo procedimiento en el que se cumpla a cabalidad con los mandatos establecidos en el decreto de reforma, consistente en nombrar a la mitad de magistraturas de Circuito y jueces de Distrito por cada Circuito judicial y que correspondan a la mitad de los cargos a cada especialización por materia, en cada uno de ellos.
