“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”, ha dicho la presidenta Sheinbaum.

Demasiado decir.

Sus palabras se refieren a la jueza Nancy Juárez, quien ordenó la semana pasada que fuera eliminado del Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la reforma al Poder Judicial, reforma que se ha vuelto el punto álgido de la transición política de México hacia un cambio de régimen constitucional.

La jueza no se privó de poner un retintín a su mandato, recordando que la pena por incumplimiento podía ser de tres a nueve años de prisión o la destitución del cargo.

La Presidenta y sus expertos determinaron que la jueza no tenía facultades para emitir ese mandato. Podían haber tomado el camino de la ley, impugnar el recurso de la jueza y seguir el curso del litigio.

No sabemos si lo hicieron, si tomaron el camino de la lógica legal que les permitirá ganar tiempo y eventualmente validar su punto de vista.

Lo que vimos es que la Presidenta en persona tomó el camino de la confrontación política. Se negó de frente y en público a acatar el mandato judicial que tenía enfrente y amenazó a la jueza con un juicio político que conduciría a su cese y a su inhabilitación como jueza.

De llevarse a cabo, el juicio político tendría lugar en el Congreso, donde la Presidenta tiene mayoría para imponer su castigo.

El desacato presidencial al mandato de la jueza corre parejas en el tiempo con la iniciativa de la Suprema Corte de dar entrada a la posibilidad de revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.

Se sabe que la oposición a la reforma tiene mayoría de ocho ministros en la Corte, suficientes para declarar su inconstitucional .

Anticipándose a esa posibilidad, la Presidenta añadió a su desacato a la jueza el desacato a una posible revisión adversa de la Corte.

Y así llegó a la formulación final de desacato urbi et orbi con que empieza esta columna:

“Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”. Demasiado decir.

Son palabras que siguen la lógica de la fuerza política , no la lógica de la ley.