En nombre del “pueblo” se han cometido algunas de las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Cuando un gobernante, político o política, se asume como la encarnación personal del “pueblo” o como el único capaz de entender e interpretar “lo que manda el pueblo”, invariablemente se está ante un delirio irracional y demagógico.

La historia nos ha enseñado que todos aquellos que utilizaron el concepto de “pueblo” como una entelequia discursiva para manipular a las masas e imponer su propia visión de la realidad y de la propia historia, terminaron siendo siempre autócratas, tiranos y autoritarios, y en algunos casos violentos asesinos y hasta genocidas en contra de ese mismo “pueblo” al que decían representar.

Hoy que en México hay una corriente política mayoritaria, que ha ganado las últimas elecciones presidenciales de manera contundente y que gobierna la mayoría de los estados y controla dos de los tres poderes de la República, los gobernantes y representantes surgidos de Morena están recurriendo al discurso maniqueo de que, como la mayoría de los electores les dio su voto, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, modificar a la Constitución y a la República a su conveniencia, para dotarse de un poder absoluto, “porque eso es lo que el pueblo mandó”.

¿Quién le dijo al expresidente que empezó con esta manipulación ideológica de confundir el voto democrático, que puede ser tan volátil y cambiante, con una autorización expresa para hacer lo que le dé la gana y destruir, manipulando la democracia a cuanta institución se le interponga en su ambición de poder porque él, y sólo él, es “representante del pueblo”? ¿Quién le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que “en el nombre del pueblo” puede ignorar lo que dice la Constitución que juró respetar y decir que la representante de otro Poder distinto al suyo no está por encima del “pueblo”, ese al que ahora sólo ella cree encarnar y representar?

Confundir la mayoría democrática que le dieron los electores con un poder absoluto para hacer y deshacer, no es la actitud de una demócrata. Modificar la Constitución para eliminar a un Poder Judicial autónomo, para cambiarlo por otro que sea a su modo y a su imagen y semejanza política e ideológica, no es pensar en mejorar el sistema de justicia imperfecto y reformable. Alguien tiene que decirles a los de la 4T que ganar una elección o dos o varias, no los convierte en los únicos representantes “del pueblo” ni les autoriza a interpretar “lo que el pueblo quiere”, sobre todo si no se lo preguntaron directa y expresamente a través de los mecanismos constitucionales que existen, como una consulta o un referéndum.

Y ayer, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, organizado por la UNAM y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, el ministro Juan Luis González Alcántara, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que aún existe constitucionalmente pero que la presidenta Sheinbaum y toda su pléyade de consejeros y asesores pretenden ignorar y neutralizar, cuando le queda todavía un año de funciones y facultades, hasta que se aplique su cuestionada Reforma Judicial, le mandó este mensaje a todos los demagogos y demagogas que se autoerigen como “la voz, la encarnación y la conciencia del pueblo”:

“Cuando hablamos de un orden constitucional, no decimos otra cosa más que estamos jugando conforme a ciertas reglas; que existen árbitros que nos indican los límites de nuestra conducta y que tenemos la obligación de acatarlos. Pensar que un gobierno electo democráticamente es incapaz de traspasar esos límites, de violar esas reglas, es desconocer nuestra historia. En un estado constitucional la función más valiosa de la Judicatura es, precisamente, la de proteger al pueblo frente a su gobierno”.

“Pero nos contrargumentarán que si el gobierno es la representación del pueblo, ¿se trata acaso de proteger al pueblo de sí mismo? ¿Es tan poca la fe que depositamos en nuestra capacidad de autodeterminarnos? Habrá quienes defiendan esas posturas, pero yo me inclinó a rechazarlas como un paternalismo o un matriarcado anacrónico. No, no se trata ciertamente de proteger al pueblo de sí mismo, la falacia está en otro lado, está en la concepción errónea y peligrosa de que una persona o 100 o 500 son capaces de encarnar su voluntad, de canalizar su voz como si fuera una sola, de ofrecer soluciones como si fueran las únicas aceptables”.

“El pueblo no tiene una sola voz, no es solamente una persona, como tampoco solo un sector más numeroso o el más estridente o el más favorecido. El pueblo es cada una de las personas que lo comprenden, con sus propios proyectos, intereses, anhelos y aspiraciones. Es la madre que lucha para sacar adelante a sus hijos, es el empleado que ha sido explotado por su patrón, es la comunidad cuyo ambiente se encuentra en peligro”.

Y en su mensaje, el ministro que fue propuesto justo por la 4T y al que el expresidente le llegó a reprochar en público que no se haya plegado a los designios y los intereses de su movimiento político, diciendo que “me decepcionaron”, explicó ante los juristas y para todos los mexicanos por qué los mexicanos estaremos en grave peligro si desaparece, como se pretende, la independencia y la autonomía de los jueces, magistrados y ministros:

“Es en este punto, en la atención de los pequeños detalles de cada caso, de cada experiencia de vida, que los jueces conocemos al pueblo desde una perspectiva, que las otras ramas del gobierno no. Pero esas voces individuales se disuelven muchas veces en esa marea de la opinión pública, esa que, como en cualquier democracia, se corteja durante las campañas y, como siempre que hay marea, hay un riesgo de que alguien resulte ahogado. La independencia Judicial, señoras y señores, resulta la garantía que cuando esto llegue a suceder, habrá alguien dispuesto a adentrarse en el agua, priorizando su vida, por encima del capricho de la marea”.

Y justo hoy, cuando esa marea de la democracia tiene mareados a los que ganaron la mayoría, que  hoy se nos presentan como los únicos representantes “del pueblo”, pero excluyen y descalifican a todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos o que disientan de sus reformas y acciones, porque a esos no los consideran “pueblo”, las advertencias están más que claras.

Cada vez más la democracia mexicana se utiliza no como el vehículo o el instrumento para hacer un gobierno para todos los mexicanos, sino un gobierno sectario que impone sus visiones, sus ideas y sus caprichos en aras de consolidar su poder absoluto. Un gobierno que ignora, excluye y ataca a todo aquel mexicano que disienta o impugne, incluso por las vías legales y constitucionales, de sus decisiones.  Y todo dicen que lo están haciendo “en el nombre del pueblo”, aunque en realidad todo es para consolidar su movimiento político y buscar eternizarse en el poder.

NOTAS INDISCRETAS… Esta semana se cumple un año del brutal golpe del huracán “Otis” que devastó al puerto de Acapulco y a otros municipios de las costas de Guerrero. Y aunque Acapulco volvió a ser golpeado fuertemente por las inundaciones de otro huracán, “John”, apenas hace un mes, en medio de tanta saña de la naturaleza para los acapulqueños, también la ineficacia y la insensibilidad humana siguen afectando a los habitantes y propietarios del puerto guerrerense. Porque hace un año “Otis” dejó severamente dañados edificios, casas, departamentos, hoteles, hospitales, escuelas y hasta universidades, y los propietarios de varias de esas edificaciones, que pagaron puntualmente sus pólizas de seguros, y que han realizado todos los trámites y cumplido con lo que marcan las leyes mexicanas para reclamar el pago de los daños que sufrieron por ese huracán, a la fecha, un año después, siguen sin recibir muchos de ellos el pago de las indemnizaciones a las que tienen derecho. Compañías de seguros como Mapfre, Atlas y especialmente AXA, dirigidas por reconocidos empresarios como Alberto Berges, Rolando Vega Brockman y Daniel Bandle, les siguen dando largas con miles de excusas a sus clientes para postergar los pagos y liquidaciones, según denuncian propietarios de Acapulco que acusan a dichas aseguradoras y a sus directivos de pretender alargar los tiempos de respuesta en busca de que prescriban los reclamos de siniestro que no han procesado ni pagado un año después. Algunos de las razones o motivos que, nos dicen, que argumentan las citadas aseguradoras para evadir su obligación legal y contractual, es que “el seguro no cubre daños a los inmuebles que tienen una distancia menor de 500 metros de la playa”, cuando ellos mismos inspeccionaron y validaron las propiedades aseguradas que ahora pretenden desconocer. Incluso, en la atención a las reclamaciones de los afectados por “Otis”, las aseguradoras se organizaron para que las pólizas de seguro quedaran integradas por una compañía Aseguradora, que funge como “líder” y una o más aseguradoras aparecen como “coaseguradoras”. Y para autorizar una liquidación del siniestro, las aseguradoras participantes tienen que estar de acuerdo en todo o de lo contrario ninguna aceptará realizar el pago del siniestro, eso sin importar el porcentaje que tengan las distintas compañías en la póliza del seguro. Así, las aseguradoras, con reglas y disposiciones que solo a ellas les benefician, terminan dejando como único afectado al asegurado, retrasan o de plano rechazan pagar las indemnizaciones y con eso no sólo afectan al patrimonio y la situación de los asegurados, sino que de paso frenan y dificultan la recuperación total de Acapulco y de su economía, que depende esencialmente de los turistas y visitantes. ¿Habrá alguna institución que pueda dar la cara y defender a los propietarios de Acapulco de los abusos y mañas de las aseguradoras? Digo, porque la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas parece estar dormida o del lado de las compañías, o de plano no le interesa cumplir la función legal para la que fue creada… Los dados repitieron Serpiente. Caída libre.