La fiscalía de Sinaloa, que desde el arranque del sexenio de Rubén Rocha Moya le hizo el trabajo sucio, quiso borrar la evidencia de que el exrector de la universidad estatal había sido asesinado cuando iba a reunirse con el gobernador ante dos “testigos de calidad”: el Mayo Zambada y un hijo del Chapo Guzmán, Joaquín.

La versión de lo que ocurrió el día del crimen, dada a conocer por el Mayo Zambada en una carta que difundió su abogado cuando estaba recluido en Texas, coincide con las pruebas encontradas por la Fiscalía General de la República.

En la casa donde el capo fue secuestrado, se encontraba Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en el lugar.

Pretender borrar la evidencia con un montaje, como hizo la fiscalía de Rocha Moya, es un hecho que incrimina al gobierno estatal en ese asesinato.

El crimen contra Héctor Melesio Cuén fue un crimen político, y el montaje de la fiscalía fue una operación de Estado.

Del gobierno del Estado de Sinaloa, por ahora.

En ese entonces el gobernador contó con la protección activa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 25 de julio Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue a reunirse con el gobernador Rubén Rocha Moya a una casa habitada por Joaquín Guzmán López, en la que estaría presente Ismael Zambada.

Con la mediación del Mayo Zambada, el exrector quería que su rival político, el gobernador, cesara la persecución contra su familia y contra la universidad.

Tanto el hijo de Cuén como el actual rector de la UAS tienen orden de aprehensión y se encuentran prófugos, debido a la sevicia de Rocha Moya contra el difunto Héctor Melesio Cuén.

Al rato de llegar a la casa del hijo del Chapo, en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, en Culiacán, el exrector fue asesinado, el Mayo amarrado y llevado a Estados Unidos, y la escolta del capo –policías de la Judicial del Estado– levantada y presuntamente asesinada.

El gobernador Rocha Moya no llegó a la reunión donde fue asesinado Cuén y el Mayo fue secuestrado.

La fiscalía del estado realizó un montaje para aparentar que el exrector Cuén había sido asesinado durante un asalto en una gasolinera.

El fiscal general, Alejandro Gertz, no se tragó el cuento de la gasolinera y advirtió la posible existencia de un montaje, lo que comprobó y dio a conocer el reciente domingo.

La fiscal estatal fue puesta en el cargo por Rocha Moya, y estaba a su servicio. Estos son los hechos:

Cuando Rubén Rocha fue declarado gobernador electo le pidió al fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, que renunciara al cargo a pesar de que la fiscalía es ‘autónoma’ y al funcionario le faltaban tres años para concluir su encargo.

En la fiscalía ‘autónoma’ puso a la jueza Sara Bruna Quiñónez, gente del equipo de Enrique Inzunza Cázarez, expresidente del Tribunal de Justicia del estado, exsecretario de Gobierno de Rocha Moya y actual senador de Morena.

La fiscal del montaje del asesinato de Cuén también armó el expediente que presentó al Poder Judicial, y el Congreso desaforó y depuso al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, del PT, por una supuesta renta de camiones de basura.

No había tal fraude, Estrada está libre, pero lo quitaron de la presidencia municipal de la capital sinaloense. Había competido contra Rocha por la candidatura al gobierno del estado.

La fiscal armó la carpeta contra el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, que fue el otro competidor interno de Rocha Moya por la candidatura al gobierno estatal. El Congreso lo desaforó y para afuera del cargo al que había sido electo.

El conocido empresario cervecero Alfredo López Castro se registró como candidato del PAS (cuyo jefe era Cuén) a la alcaldía de Mocorito en las pasadas elecciones. El registro fue al mediodía y en la noche le clausuraron la distribuidora de cerveza.

El director de Alcoholes del estado lo citó en su despacho y lo dobló en 20 segundos: “Alfredo, estás con la marca equivocada. Si quieres seguir usufructuando (sic) de los permisos, declina”. Tenía a la fiscalía estatal de su lado. El empresario declinó sin pensarlo dos veces.

Así sucedió con al menos seis candidatos del PAS a diversos cargos, declinaron por la presión del gobierno morenista que tenía a la fiscalía de Rocha Moya como herramienta de extorsión.

Y el gobernador Rocha Moya tenía un protector todopoderoso: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El expresidente tiene que responder a la pregunta obvia: ¿por qué el apoyo total a un gobernador que llegó al cargo con la participación armada del Cártel de Sinaloa, a pesar de conocer los hechos delictivos?

Las pruebas del vínculo de Rocha con el cártel están a la mano.

AMLO debe explicar por qué le brindó esa protección.

De no hacerlo, Rocha Moya será aún más tóxico para López Obrador de lo que está siendo García Luna para Felipe Calderón.