Camino a la perdición
Ninguna gracia le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum que durante un foro en la Escuela de Derecho de Harvard –que ocupa el primer lugar en el ranking de facultades de derecho en Estados Unidos– estallaran en risas cuando el ministro de la Suprema Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habló de los requisitos para aspirar a ocupar una de las sillas en el máximo tribunal constitucional. “Nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas”, exclamó molesta Sheinbaum. “El pueblo de México tomó una decisión”, agregó, para recordar que el mandato en las urnas le dio la posibilidad a su partido para que la decisión de qué es legal, quién se muere en la cárcel o quién salga libre pese a ser culpable, lo tomen quienes iniciaron su carrera a la Suprema Corte con un promedio de 9 en la escuela, un ensayo y cinco cartas de recomendación de, por ejemplo, sus vecinos. En realidad no se burlaron de los mexicanos sino de Morena, sus legisladores y su gobierno.
Arrebatada, demandó que la Escuela de Derecho de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción del Poder Judicial mexicano, aunque quienes se burlaron de los requisitos fueran alumnos, no la institución. Pero no le importó, como tampoco para seguir con la mentira de que la elección de jueces por el voto popular existe en Estados Unidos, cuando en realidad ningún juez o magistrado federal es selecto por ese mecanismo, y menos aún por un ministro de la Corte. Sheinbaum lo sabe, pero quiere desviar la atención, evadir las críticas… y las mofas. Las risas probablemente habrían sido más sonoras si Gutiérrez Ortiz Mena les hubiera contado el proceso mediante el cual se despedirá a cientos de juzgadores. Describir el uso de una tómbola para algo tan serio, como el futuro de la nación, debe ser mucho más complejo de explicar.
La indignación de Sheinbaum contra el pitorreo por la explicación del ministro durante una plática el 14 de octubre en el Wasserstein Hall, es parte de la confrontación que tiene el Ejecutivo contra el Poder Judicial, porque la jueza Nancy Juárez Salas le ordenó a la Presidenta eliminar la promulgación de la ley que reforma el Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación. Fue una suspensión definitiva, porque el primer freno que emitió, el 12 de septiembre, lo ignoró López Obrador.
Sheinbaum se negó el viernes a acatar el mandato de la jueza, lo que en la práctica significa un desacato. Esta acción, viniendo de la jefa del Estado mexicano, fue ampliamente criticada al sentar un pésimo ejemplo. Si ella se niega a cumplir una orden judicial, ¿qué impide que nos neguemos a pagar impuestos? La Presidenta argumentó ayer que el juicio de amparo que otorgó la jueza es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución. Este alegato abriría una discusión de interpretación jurídica interesante, salvo que existen precedentes de que la jueza sí está dentro de sus facultades, por lo cual sí cometió desacato.
Hay dos precedentes relevantes que lo explican:
1.- En 2014, Ernestina Godoy, que actualmente es su consejera jurídica; Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, promovieron un amparo contra la aprobación, publicación y entrada en vigor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y pedían revisar el proceso.
2.- Arturo Zaldívar, como ministro de la Corte y actualmente miembro del staff presidencial, tuvo una intervención donde afirmaba que las mayorías legislativas tenían límites y la Corte la facultad y la obligación de ponerle freno a una reforma constitucional, utilizando una figura retórica como ejemplo: “(Si) el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud… ¿este tribunal no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que… no sólo tenemos atribuciones (sino) la obligación de interpretar la Constitución armónicamente”.
Pero el argumento más contundente de que la jueza está bien y la Presidenta mal, es una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte del 19 de septiembre de 2012, donde el ministro era Zaldívar y su secretario Javier Mijangos y González, en que afirman que ese tribunal, como garante de la Constitución, puede hacer uso de lo que se ha denominado “la competencia de la competencia”, que significa la facultad para determinar por sí misma los límites que circunscriben sus funciones y, en general, su competencia.
Sheinbaum no está reaccionando bien. Ayer declaró que está en marcha “una nueva campaña” que busca insistir en que no existe en México el Estado de derecho, mientras que la aplanadora de Morena intentó una especie de golpe técnico contra la Suprema Corte. Mediante una enmienda constitucional, cuyo borrador está firmado por los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como por los presidentes de ambas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, pretenden cancelarle a la Corte sus atribuciones para que no pueda tocar la reforma judicial ni los amparos. Esta iniciativa, que también afecta a millones de mexicanos, es exactamente lo contrario a lo que denuncia Sheinbaum; están apuntalando un país sin certidumbre ni garantías jurídicas.
Los mensajes que está enviando son ominosos y contradictorios. Apenas hace unos días, ante decenas de empresarios, dijo que no tenían de qué preocuparse, porque la certidumbre jurídica estaba garantizada. Sheinbaum no está teniendo una asesoría jurídica adecuada, sustentada en la política y la ideología. Quienes la asesoran en materia de la reforma judicial en Palacio Nacional son Godoy y Zaldívar. Monreal es un constitucionalista. Godoy, Zaldívar y López decían lo opuesto cuando no estaban en el poder. La aritmética política de estas posiciones es que la ley es legítima cuando los beneficia, y cuando no va de acuerdo a los intereses coyunturales del régimen, es ilegítima.
Sheinbaum cree en lo que le dicen y se está equivocando. No se da cuenta, en la pecera de Palacio, que la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la patria, y que sólo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones.