Tras la decapitación del alcalde de Chilpancingo en Guerrero y el hallazgo de una camioneta con al menos cinco cuerpos apilados y la leyenda “Bienvenidos a Culiacán” en Sinaloa, el terror se ha hecho presente una vez más en Guanajuato, con dos explosiones que han hecho cimbrar a la población civil. La Policía de Acámbaro denunció un atentado con un coche bomba afuera de sus oficinas, que dejó al menos tres agentes lesionados, siete vehículos quemados y múltiples daños materiales durante la mañana de este jueves. Horas antes, en Jerécuaro, a sólo 33 kilómetros, se informó de otro ataque con un coche que estalló y varios otros que fueron incendiados, entre ellos una patrulla, sin que se reportaran muertos o heridos. El Estado con más homicidios dolosos en lo que va de año ―con 1.863 carpetas de investigación abiertas, según datos oficiales― busca respuestas tras la barbarie, sin que ninguna organización criminal haya asumido la autoría y con una nueva gobernadora que lleva menos de un mes en el cargo.
“Los hechos ocurridos en Acámbaro y Jerécuaro no van a frenar el trabajo para traer la paz a Guanajuato”, afirmó Libia Dennise García Muñoz Ledo, que tomó posesión en el Gobierno estatal el pasado 26 de septiembre. La gobernadora anunció un operativo por tierra y aire para dar con los responsables y la suspensión de su agenda pública para atender la emergencia. Pese a que milita en el Partido Acción Nacional (PAN), García Muñoz Ledo ha cerrado filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esta misma semana compartió fotos en redes sociales de las reuniones que sostuvo con Sheinbaum y antes, con Harfuch, bajo la promesa de dar un giro a la política de sus predecesores. La mandataria panista anunció desde la campaña que iba a dejar caer a Alvar Cabeza de Vaca, secretario estatal de Seguridad durante los últimos 12 años, y a Carlos Zamarripa, que estuvo 15 años al frente de la Fiscalía de Guanajuato. En Acámbaro, se reeligió Claudia Silva, también del PAN. En Jerécuaro gobierna la priista Isabel Acevedo. Ambas asumieron sus cargos el pasado 10 de octubre.
Política y ¿narcoterrorismo?
“Esta nueva oleada es producto de los cambios en el gobierno”, asegura el analista David Saucedo, que achaca los atentados al comienzo de un nuevo ciclo político. El especialista plantea que los reacomodos en el Gobierno estatal provocaron “una actitud de brazos caídos” de los funcionarios salientes, que se combinó con la intención de los grupos delictivos de mandar un “mensaje contundente” a los mandos recién llegados. “Los grupos criminales de la zona intentan someter a los Gobiernos locales y si hay alguna resistencia u oposición procederán con actos de narcoterrorismo para erosionar su credibilidad ante la opinión pública”, señala. Saucedo es categórico al afirmar que los atentados se enmarcan en la esfera del narcoterrorismo porque se persigue un objetivo económico-criminal, se busca infundir miedo a la población y obligar a las autoridades a plegarse ante el crimen organizado.
Otros especialistas, sin embargo, tienen reservas para catalogar las explosiones en Jerécuaro y Acámbaro como actos terroristas. La definición clásica del terrorismo alude al uso de la violencia para conseguir fines políticos y religiosos. Víctor Hernández, investigador del Tec de Monterrey, no ve que se cumplan estos criterios porque la intencionalidad detrás del ataque no está del todo clara. “Si el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco quisieran apoderarse del Estado mexicano y sustituirlo podríamos hablar de narcoterrorismo, la realidad es que al crimen organizado le interesa tener al Gobierno en el bolsillo”, argumenta. No se trata sólo de una discusión entre académicos. En plena campaña electoral, sectores ultraconservadores del Partido Republicano y cercanos a Donald Trump exigen que los carteles sean declarados como grupos terroristas para justificar incursiones militares de Estados Unidos en México. “Hay que tener cuidado con las etiquetas”, advierte el analista. El debate también ha saltado al terreno de la política mexicana: en un extremo, el PAN y el PRI se han referido a estos ataques y otros como “actos de terrorismo”; en el otro, Morena tiende a minimizar los episodios de violencia y acusa a los medios y opositores de “exagerar”.
La guerra de Guanajuato
La fractura dentro del Cartel de Sinaloa ha acaparado la atención mediática en la recta final de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del Gobierno de Sheinbaum. Pero en Guanajuato ha habido más del doble de homicidios que en Sinaloa en 2024, según cifras oficiales actualizadas a finales de septiembre. La lucha entre el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación ha hecho llover fuego en el Estado. Fue en Salamanca donde se registraron las primeras masacres de esta presidencia a principios de octubre. En la última semana fueron acribilladas tres mujeres en Celaya, se hallaron restos óseos en Yuriria, hubo un tiroteo que dejó seis heridos en Acámbaro y se registró un incendio intencional en el basurero de Villagrán.
La hipótesis de Saucedo es que Santa Rosa de Lima está detrás del ataque porque ambos municipios son considerados zonas de influencia de ese grupo y por el modus operandi de la agresión. “Los explosivos son el sello de la casa”, comenta el especialista. En enero de 2019, al inicio de la ofensiva de López Obrador contra el huachicol, el cartel abandonó una camioneta con explosivos afuera de la refinería de Salamanca que pudieron ser desactivados. En 2020 hubo otros avisos, con un coche bomba afuera de la refinería que tampoco llegó a explotar y otro vehículo que estalló afuera de una base de la Guardia Nacional en Celaya, que no dejó heridos. En 2021, dos sujetos entregaron un “regalo bomba” a los dueños de un restaurante en Salamanca: dos hombres murieron y cinco más resultaron lesionados. En 2022, dos policías fueron emboscados con explosivos activados por control remoto en Irapuato. En junio del año pasado, diez agentes de la Guardia Nacional fueron alcanzados por la explosión de un coche bomba en una comunidad rural de Celaya. Jerécuaro y Acámbaro no fueron casos aislados.
A falta de una versión oficial sobre lo sucedido, Saucedo señala que los explosivos suelen ser utilizados por Santa Rosa de Lima para exigir el cobro de derecho de piso, mermar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad, distraer la atención de las autoridades o “calentar la plaza”. “No hay otro grupo criminal en la región que tenga la capacidad, el expertise ni los antecedentes en el manejo de explosivos”, zanja el especialista. Hérnandez, en cambio, asevera que por el uso táctico de los explosivos puede tratarse del Cartel Jalisco. “Es el ejemplo del cartel violento, sanguinario y depredador de la economía local”, asegura. Las autoridades no han presentado los primeros hallazgos de las investigaciones. Cabe también la posibilidad de que cada grupo incrimine a sus rivales para que estén en la diana de las fuerzas del orden. Guanajuato es un campo de guerra plagado de incógnitas.
Bombas, granadas y drones
El uso de bombas y drones también se ha extendido en otros focos rojos de la violencia en el país y a manos de otras organizaciones criminales. En Michoacán se ha advertido el uso de minas antipersona en zonas rurales por el Cartel Jalisco y hace dos semanas hubo una amenaza de bomba en un centro comercial de Morelia, la capital del Estado. Y la semana pasada se desactivó una bomba artesanal en Sinaloa, en medio de las disputas entre Los Mayos y Los Chapitos. A finales del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de 33 drones desde 2019 en ocho entidades distintas, más de la mitad en Michoacán, seguido por Guanajuato.
Hernández señala que el Cartel de Sinaloa ha hecho alianzas pragmáticas con Santa Rosa de Lima para incursionar en Guanajuato y pelear contra el Cartel Jalisco, un enemigo común. El especialista compara episodios como el ataque con drones en Tepalcatepec (Michoacán) con escenas que se han visto durante la invasión de Ucrania. Hace dos meses se descubrieron tres narcofábricas en menos de una semana en Michoacán para la producción de explosivos caseros y artesanales, aunque también se han hallado morteros. Quizá el antecedente más conocido de un ataque de este tipo contra la población civil fue hace 16 años en las celebraciones del Día de la Independencia en Morelia: al menos ocho personas murieron tras un atentado múltiple con granadas. Ningún grupo se responsabilizó del atentado.
José Antonio Yépez Ortiz El Marro, fue detenido en agosto de 2020 tras seis años al frente del Cartel de Santa Rosa de Lima. Fue uno de los golpes más mediáticos del Gobierno de López Obrador contra la delincuencia. Hernández afirma que la promesa de poner fin a la violencia tras la detención no se cumplió y que la situación en Guanajuato es una muestra de que la estrategia de apresar a los grandes capos ha fracasado. “No reducen la violencia y de hecho, la incrementan en el mediano plazo”, comenta. “Es potente y tiene su complejidad técnica armar un coche bomba, pero no tuvo la capacidad de destruir la comisaría ni hacer una matazón”, agrega Hernández sobre los últimos atentados. “Tiene un impacto más psicológico que real”.
Saucedo también es escéptico de la estrategia contra el crimen y de si realmente habrá un viraje con la primera gobernadora de Guanajuato y la primera presidenta de México. “La narrativa del narco es más poderosa que la narrativa gubernamental: de las autoridades tenemos sólo planes e ideas, mientras los narcotraficantes combaten a sangre y fuego”, concluye. García Muñoz Ledo se reunió con Sheinbaum para presentarle la política estatal contra los grupos criminales. Dos días después, se presentó una nueva prueba de fuego.
