En la búsqueda de fuentes de ingreso alternas que ayuden a aliviar el fuerte déficit presupuestal y los pesados compromisos financieros que le heredó su antecesor, el gabinete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum está explorando distintas propuestas que ayuden a paliar las presiones financieras y presupuestales para el complicado año de 2025.

La disminución del déficit que le pidió la doctora a su secretario de Hacienda, combinado con la presión de los programas sociales, los existentes y los nuevos, además de los ambiciosos proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria y de vivienda anunciados por la presidenta, tienen a las áreas financieras y económicas del gobierno, literalmente, tronándose los dedos para encontrar nuevas fuentes de recaudación de impuestos, sin tener que recurrir a una reforma fiscal y sin comprometer las ayudas sociales que son prioridad para esta administración.

Y cuando les quedan escasos 15 días para entregar el Paquete Económico 2025 al Congreso de la Unión, los equipos encabezados por Rogelio Ramírez de la O, en Hacienda, Marcelo Ebrard en Economía y por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, están dando forma a una propuesta para ingresar recursos a las arcas públicas, al mismo tiempo que atienden una demanda de los empresarios mexicanos para proteger a los productos y a los productores mexicanos en contra del contrabando y la competencia desleal.

Se trata, según confirman fuentes del gabinete económico, de un modelo para poner orden y meter en cintura la comercialización e introducción a México de mercancías procedentes de China, adquiridas a través de plataformas electrónicas, y cuya competencia desleal ha provocado tan solo este año la pérdida de al menos 20 mil empleos en la industria textil nacional, y la caída del 8 por ciento en la confección de ropa en México, de acuerdo con datos de los industriales del ramo.

El planteamiento conjunto de Hacienda, el SAT y economía, que ya le fue presentado para su autorización a la doctora Sheinbaum, propone que empresas que comercializan sus productos a través de plataformas digitales, como Temu, Shein, Aliexpress y Alibaba, paguen impuestos de importación por cada mercancía que vendan y entreguen en México, ya que en la actualidad ninguna de esas marcas chinas paga las tarifas aduanales por importación, tampoco pagan impuestos locales y en muchos casos sus productos ni siquiera cumplen con las NOM que se les exige a los productores nacionales.

Y es que el pasado 15 de octubre entraron en vigor las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) entre las que se encuentra la modificación a la regla 3.7.5., fracción I, inciso e), en la que se establece a las empresas la obligación de declarar en el campo de “Observaciones” del pedimento, anotando el nombre y el RFC del importador, con el fin de que las operaciones que hacen las compañías de mensajería sean visibles, trazables y fiscalizables.

Sin embargo las citadas empresas chinas que operan las plataformas digitales encontraron rápidamente la forma de darles la vuelta a dichas reglas y de burlar las leyes mexicanas, porque en la Aduana del Aeropuerto Felipe Ángeles se han detectado operaciones de importación que incumplen con las nuevas normas, y en vez de poner en el campo de “Observaciones” del pedimento, el nombre y RFC del importador, solamente colocan en el documento el nombre de la empresa de mensajería o ponen datos falsos, con lo que evitan el pago de los impuestos aduanales.

De esa manera, dice el proyecto elaborado por el gabinete económico, las empresas chinas evitan que las autoridades mexicanas puedan verificar si una empresa lleva más de tres operaciones de introducción de mercancías al país durante el mes calendario, con lo que estaría obligada a pagar impuestos, y al no poder llevar un control de dichas importaciones en las Aduanas, terminan evadiendo el pago de contribuciones fiscales que les corresponden por exceder el número de importaciones libres de impuesto.

En las mesas que fueron presididas por el SAT, sobre el combate a la ilegalidad, los representantes mexicanos de los sectores textil, confección y calzado, así como de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamental (ANTAD) han denunciado que las empresas de mensajería y paquetería que atienden las plataformas de origen chino han estado realizando la importación de mercancías consideradas “piratería” porque ostentan marcas sin los permisos de los titulares, y mercancía proscrita, como polvos y maquillajes.

Entre los productos chinos que más  compran los mexicanos en las apps o sitios web se encuentran ropa, zapatos, tenis, teléfonos celulares, computadoras, baterías y máquinas para oficina, lo que ha representado un duro golpe para el mercado mexicano dedicado a la producción de esas mercancías, porque al no contratar mano de obra en nuestro país ni pagar impuestos, sus pares chinos resultan más baratos porque incurren en competencia desleal.

Por eso y por la urgencia de obtener más recursos para las arcas federales, el equipo económico del gobierno podría apretar las tuercas para las importaciones a través de plataformas digitales chinas, lo que sería al mismo tiempo un guiño al empresariado mexicano, donde si bien muchos empresarios han expresado su respaldo al gobierno federal en medio de la incertidumbre que significa el actual debate sobre la Reforma al Poder Judicial, otros hombres de negocios mantienen sus reservas sobre la visión presidencial de esa “transformación”.

Por lo pronto la presidenta Sheinbaum será quien decida si su gobierno se anima a meter en cintura a las poderosas plataformas chinas de venta de productos y si se pone orden en la importación de mercancías, con lo que no sólo obtendría recursos extraordinarios para las apuradas finanzas federales y para sus proyectos y programas, sino que también atendería el reclamo de los productores mexicanos para que no se permita al gigante asiático arrasar con industrias y mercados nacionales que son víctimas del dumping de origen chino y que pierden cada día ventas y empleos ante la competencia desleal.

NOTAS INDISCRETAS… Dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y ayer que comenzó a circular el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la Reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, las reacciones furibundas de los morenistas no se hicieron esperar. Y es que el ministro González Alcántara y Carrancá, quien fue propuesto para llegar a la Suprema Corte por el expresidente, plantee la anulación del proceso para elegir jueces y magistrados federales por voto popular, la eliminación de la figura de los “jueces sin rostro” que plantea dicha reforma e invalida también la selección de los candidatos a juzgadores federales que llevarían a cabo los Comités de Evaluación. Y aunque Juan Luis no toca la elección de los nueve ministros que integrarían la Corte por voto popular, todo lo demás que declara inconstitucional echa prácticamente abajo la esencia de las reformas impulsadas por el expresidente y apoyadas vehementemente por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. La sola circulación del proyecto hizo que ayer el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, amenazara con “no acatar” la sentencia que emitiría el pleno de la Corte si es que llega a ser aprobada por una mayoría de 8 ministros, como todo indica que puede ocurrir. "Verdaderamente yo no creía que se atreviera a tanto un Ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener, nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución, para que no se cometan este tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades No (acataremos la resolución), por supuesto que no, no tiene competencia, ni tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un Ministro para invalidar una reforma constitucional, está totalmente fuera de legalidad", sostuvo un iracundo Monreal que enseñó su talante autoritario cuando apenas se trata de un “proyecto de sentencia”. El coordinador morenista acusó a Alcántara Carrancá de cometer actos "bárbaros inconstitucionales" y consideró que someter su proyecto a votación de pleno de la Corte sería un acto arbitrario de un órgano incompetente. Veremos qué dice esta mañana en su conferencia la presidenta Sheinbaum, pero está claro que, en la soberbia autoritaria que les embarga a los de la 4T, bajo su lógica de que son mayoría y, según ellos, inteprentan el mandato del pueblo, la titular del Ejecutivo también despotricará contra el proyecto del ministro Juan Luis González y, como ya se le está haciendo costumbre, la doctora adelantará un nuevo desacato al Poder Judicial… A propósito de la Corte, ayer se confirmó lo que desde hace varias semanas le adelantamos en esta columna: que 6 ministras y ministros renunciarán a sus cargos a partir del mes de agosto de 2025 y que ninguno de ellos participará en la elección por voto popular que propone la Reforma Judicial para el año entrante. Los que ya hicieron pública su renuncia con fecha del próximo año son Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potissek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En el caso de Luis María Aguilar, su ministerio termina en noviembre próximo, por lo que no tiene necesidad de renunciar, y por lo que se refiere a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, ella decidió quedarse en el cargo hasta que la reforma Judicial entre en vigor y se nombre a los nuevos ministros electos por voto popular. Las otras tres ministras que se quedan, pero ellas con la finalidad de participar en la elecciones del próximo año son Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y la autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama. Así que las cosas se van decantando en la Suprema Corte, en espera de los tiempos fatales de una reforma que, aún falta ver si no es declarada inconstitucional por los propios ministros, y si eso es o no acatado por los Poderes Ejecutivo y Judicial, lo que nos llevaría, invariablemente, a una crisis constitucional en la República… Los dados repiten Serpiente. Seguimos cayendo.