Cd. de México (26 septiembre 2016).- El decálogo que lanzó el Presidente Enrique Peña Nieto, a raíz del caso Iguala, para frenar la infiltración del crimen organizado en los municipios y reducir la violencia y la corrupción, avanza a cuentagotas.
"México debe cambiar", dijo el Presidente en noviembre de 2014 cuando anunció una Ley contra la Infiltración del Crimen en Autoridades Municipales y la creación de una clave única de identidad ciudadana. Sin embargo, dichas propuestas no han prosperado.
Para cumplir otro punto, referente a la justicia cotidiana, Peña Nieto le pidió al CIDE un plan con propuestas de especialistas, del cual no se sabe si ha sido tomado en cuenta por la Administración federal.
Ante algunos de los empresarios más importantes del País, Gobernadores, líderes sindicales y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el Mandatario adelantó entonces que el Congreso tendría facultades especiales para legislar en materia de tortura y desaparición de personas.
En ambas Cámaras, los legisladores incumplieron el plazo que ellos mismos se pusieron para tener dichas leyes. La primera ya fue aprobada en el Senado y los diputados la discuten este periodo, mientras que la segunda sigue atorada en la Cámara alta.
"El Gobierno tomó la decisión de celebrar consultas públicas en las dos materias y, a partir de éstas, concretar un proyecto de iniciativa de ley, lo que nos obligó a no emprender el dictamen sin las iniciativas del Presidente", dijo al respecto la senadora Angélica de la Peña.
En el decálogo también se prevé la creación de Policías Únicas Estatales, reforma que está atorada en la Cámara de Diputados.
Sobre el operativo inmediato que se implementaría en la región Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, Abel Barrera, director de Centro Tlachinollan, aseguró que las fuerzas federales se retiraron argumentando que debían atender el conflicto magisterial en Oaxaca.
El combate a la corrupción también fue uno de los puntos de dicho decálogo. Al respecto, María Elena Morera, directora de Causa en Común, advirtió que, si bien se ha avanzado en el sistema anticorrupción, aún falta mucho tiempo para que pueda operar.
"En lo que se cambian leyes, se crean las instituciones, se fortalecen las que están (...) para tener resultados contundentes, va a tardar al menos cinco años. Pero mientras se pueden hacer muchas cosas y sin embargo no lo han hecho", comentó.
Los puntos que más avances han tenido son la creación de un portal de información sobre proveedores y contratistas del Gobierno federal, el número 911 mexicano para llamadas de emergencia y la definición de competencias en materia penal.