Semana de definiciones
Dos temas de la mayor relevancia, que tendrán impacto directo en la estabilidad y el desarrollo del país, se resolverán esta semana y los dos mañana martes 5 de noviembre. El primero es externo y tiene que ver con la decisión que tomen la mayoría de los votantes estadounidenses que elegirán a un nuevo presidente o presidenta para gobernar su nación los próximos 4 años; el segundo es doméstico y tiene que ver con el fallo que emitirá la Suprema Corte de Justicia mexicana sobre la constitucionalidad o no de la controvertida y cuestionada Reforma al Poder Judicial.
Cada una de esas dos definiciones corre por vías distintas y en contextos muy diferentes, pero del desenlace que tengan ambas dependen la certidumbre legal y la vigencia constitucional en la República, donde se podría caer en una crisis entre los Poderes públicos, en el caso de lo que decida la mayoría de los ministros de la Corte; y el futuro y la estabilidad también de la economía mexicana y de la relación con los Estados Unidos porque cualquiera de los dos que gane la Casa Blanca, ya sea la demócrata Kamala Harris, o el republicano, Donald Trump, amenazan con tomar acciones drásticas en temas como la revisión y continuidad del TMEC, del que hoy depende en gran medida la producción y las exportaciones mexicanas.
En el caso de la elección estadunidense, para decirlo claro, no hay un ganador o ganadora que le convenga más a México. El dilema de si nos iría mejor con Trump o con Kamala es tan banal como inexistente. Gane quien gane, los temas de la complicada relación bilateral serán los mismos: migración ilegal, revisión y posible cancelación o modificación del TMEC; combate al fentanilo y a los cárteles mexicanos que lo producen y envían a los estadunidenses; y la cercanía y la invasión comercial de China a México.
Lo único que cambiaría si repite el vengativo Donald Trump o si se impone la nada blanda Kamala Harris podría ser la intensidad del discurso y los modos políticos, pero en esencia, tanto el republicano como la demócrata han prometido públicamente, en la cerrada disputa por los votos del llamado “cinturón del óxido” (Michigan, Wisconsin y Pensilvania), que revisarían el TMEC y hasta podrían pedir su cancelación, sobre todo en temas como la industria automotriz, en donde el poderoso sindicato de Trabajadores Industria Automotriz estadunidense, el UAW, y su líder Shawn Fein, presiona fuertemente por la eliminación del tratado en materia automotriz.
Pero más allá de la anunciada revisión del TMEC en 2026, el tema comercial seguirá siendo un tema de choque entre México y Estados Unidos, sin importar quién gobierne en la Casa Blanca. Porque dentro de los mecanismos de revisión de quejas del acuerdo comercial, siguen sobre la mesa tres quejas estadunidenses contra México y en las que Canadá hace equipo con los Estados Unidos: el tema del maíz transgénico y la negativa mexicana para seguirlo importando y consumiendo; el tema energético, con las nuevas leyes que favorecen a CFE y a Pemex, y el impacto negativo que está teniendo en la confianza de los inversionistas y autoridades del vecino país la controvertida Reforma Judicial que impulsan obsesivamente la presidenta Sheinbaum y su partido.
En el tema de la Migración, la presión, sea quien sea el presidente, se centra en la política que adoptará la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el papel de país de contención que debe jugar México para frenar la migración ilegal y las solicitudes de asilo político a los Estados Unidos. Trump ya demostró que sabe doblar a los mandatarios mexicanos, como lo hizo con López Obrador en 2019 cuando amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, y eso bastó para que el entonces presidente mandara 25 mil efectivos militares a sellar la frontera sur mexicana y a detener y deportar a los miles de indocumentados procedentes, de centro, Sudamérica y el caribe.
Hoy el polémico magnate republicano amenaza con realizar “la mayor deportación de indocumentados en la historia” y habla de sacar de golpe a 11 millones de mexicanos que radican en la Unión Americana, algo tan absurdo que no sólo sería muy complicado en términos logísticos, sino que además podría afectar al PIB estadunidense, según estiman analistas norteamericanos, con una caída de hasta en 7.5% si se expulsa a toda la mano de obra mexicana que hoy es parte vital de varios sectores económicos en el vecino país. Kamala, por su parte, también habla de endurecer la política migratoria de su país y blindar con seguridad y sistemas de vigilancia la frontera con México, para lo cual ofrece revivir el presupuesto de 118 mil millones de dólares que se quedó varado en el Congreso estadounidense para invertir en seguridad en la franja fronteriza.
Y por si faltara algo en los complicados escenarios que nos podría traer la definición de la presidencia de Estados Unidos, está el tema del fentanilo y el combate a los cárteles mexicanos, como otro de los asuntos que tensarán la relación bilateral. Sin importar si es Trump o Harris, la presión de los Estados Unidos crecerá sobre el gobierno mexicano para que se confronte y desmantele a los cárteles que producen y exportan las pastillas de la droga que tan solo en 2023 mataron a 75 mil estadunidenses. Ya sea por la vía de las amenazas de intervención militar con drones o misiles en contra de los laboratorios de fentanilo en territorio mexicanos, o ya sea con operativos subrepticios como el que utilizaron para llevarse a Ismael “Mayo” Zambada, los dos posibles presidentes tendrán un endurecimiento de la política contra las drogas en contra de México y su gobierno.
Para cerrar lo que se nos viene esta semana de definiciones, la votación en la Corte, que bien podría ser el martes o a lo largo de esta semana sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, plantea dos escenarios para resolverse: el primero, que los 8 ministros que se han opuesto o cuestionado a la Reforma declaren la inconstitucionalidad de buena parte de ésta, invalidando la elección de jueces y magistrados por voto popular; y el segundo escenario, que uno o dos ministros o más cambien su posición y voten en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcantara, con lo cual quedaría firme la Reforma al Poder Judicial con todas sus elecciones.
En el primer caso, de un fallo adverso de la Corte a la Reforma Judicial, lo que faltaría es saber cómo responderían el gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría de Morena en el Congreso, si aceptan como válida la decisión mayoritaria de los ministros y aplican solo parcialmente su reforma con la elección de ministros, magistrados e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; o si de pleno desconocen a la Suprema Corte, su autoridad y su fallo, y deciden ignorarlo y continuar adelante con la ruta crítica de dicha reforma. Y en ese último caso, la crisis constitucional que ya tenemos se ahondaría y el mensaje más grave a la población, pero sobre todo a los mercados financieros, es que los fallos judiciales en México no se acatan y se ignoran, lo que terminaría por acrecentar la incertidumbre y el miedo de los inversionistas nacionales y extranjeros, afectando fuertemente a la economía y su crecimiento en 2025.
Así que, como dicen, en esta semana que comienza, a abrocharse los cinturones y a esperar que las dos tormentas que nos amenazan: la política y económica desde los Estados Unidos y la constitucional y de vigencia del Estado de Derecho desde adentro no nos peguen tan fuerte y, si nos van a golpear, al menos tengamos los mexicanos y nuestras autoridades y Poderes la capacidad, la prudencia y la mesura para reaccionar y enfrentarlas.
NOTAS INDISCRETAS… ¿Qué tan importante será el Día de Muertos para el turismo en México? Se supone que mucho, porque según cifras de la propia Secretaría de Turismo federal, tan solo en 2022 y 2023 las festividades de los difuntos dejaron una derrama económica de entre 37 y 40 mil millones de pesos, por ser una de las fechas en donde muchos mexicanos y extranjeros se movilizan para acudir a pueblos y ciudades emblemáticas para estos festejos. La pregunta la hacíamos también porque justo entre el 1 y el 2 de noviembre, según nos cuentan amigos tlaxcaltecas, a la secretaria de Turismo del gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, se le vio muy movida y ocupada, pero no en la Sectur sino en el restaurante que tiene su familia en el centro histórico de la ciudad de Tlaxcala. En el concurrido y reconocido Mesón Taurino, que se ubica justo al lado de la Plaza de Toros de esa ciudad. Personalmente la secretaria Rodríguez Zamora recibía y atendía a los comensales, les confirmaba su mesa y al mismo tiempo estaba al pendiente de que, con los llenos que tuvieron en esos dos días, el restaurante fundado por su padre funcionara de manera óptima y eficiente. Ignoramos si entre tanto movimiento en el restaurante la secretaria de Turismo se dio tiempo para ver cómo iban los operativos y el seguimiento de su dependencia a las actividades turísticas por el puente de los Muertos, pero en todo caso sería bueno saber, sin cuestionar que sea una buena hija y mejor empresaria restaurantera, dónde está la prioridad de la titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Nomás es pregunta… Y a propósito de aparecidos por el día de los difuntos la irrupción del alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, para suspender y clausurar las actividades y eventos en la Plaza de Toros México y el Estado Azul, por presuntas violaciones a los programas de protección civil, levantó varias cejas por las afectaciones que el cierre de esos dos recintos traen para empresas que tienen programados partidos, conciertos u otro tipo de eventos en los dos antiguos cosos ubicados sobre el Eje 6 Sur, en la Colonia Ciudad de los Deportes. Y es que el alcalde Mendoza argumenta que tanto la empresa que organizó el concierto de “Coco” por el día de muertos en la Plaza de Toros, como los responsables de los partidos de futbol en el Estadio Azul, incumplieron con sus programas de protección civil, sobrevendieron boletos y, en la cercanía de los recintos en los dos eventos masivos, pusieron en riesgo a los asistentes, que además con la fuerte lluvia que cayó la noche del sábado, buscaron resguardarse en túneles que se volvieron un peligro al llenarse de personas que trataban de resguardarse y. que pudieron sufrir una tragedia. Lo extraño del caso es que, primero es la misma Alcaldía Benito Juárez la que otorgó los dos permisos para que ambos eventos se realizaran el mismo día y en horarios similares; segundo, se supone que antes de dar esos permisos, la gente del alcalde debió verificar que tuvieran todas las medidas de seguridad y protección civil para garantizar la integridad de los asistentes, y tercero, se supone que lo que pasa dentro de los recintos es responsabilidad de las empresas que organizan, pero lo que pasa afuera, como en este caso el operativo por lluvia y el control de ambulantes, viene vienes y estacionamientos, son responsabilidad de la autoridad. ¿Entonces? Qué bueno que se sancione a las empresas y a los recintos si incumplieron con la seguridad, pero también debería explicar el alcalde cómo se entregan esos permisos y, en todo caso, si eso ya es algo habitual en esa zona, por qué no se toman medidas de fondo para ordenar y garantizar el sano esparcimiento, tanto de quienes quieran ver un espectáculo, como de los vecinos que viven en la zona y que sufren semana a semana el caos en que se convierte toda esa parte de la ciudad… Los dados mandan Escalera Doble. Apostamos por subidas.