La Suprema Corte cedió ayer al gobierno el último espacio que había en el orden institucional para defender el equilibrio y la división de poderes del país.

En una laberíntica y por momentos confusa deliberación de muchas horas, al final los ministros no tuvieron los ocho votos que necesitaban para invalidar la reforma constitucional de Morena y sus aliados, una reforma que somete el Poder Judicial al Poder Legislativo, que declara a éste último como un poder superior al Judicial y sin límites para cambiar la Constitución.

La Corte le ha puesto un broche de legitimidad al asalto del Ejecutivo y el Legislativo sobre el equilibrio de poderes y con él ha dejado mutilada legalmente a la República que estableció la Constitución de 1917.

Le han dado al gobierno y a sus mayorías legislativas lo único que podían quitarle para contener sus pulsiones absolutistas y autocráticas. Le han dado legitimidad para desmantelar la República, para mutilar la división y el equilibrio de poderes, y para dejar al país y a sus ciudadanos en las manos de la fuerza política que domina el Congreso y es dueño hoy de la Presidencia y del gobierno federal.

Quedan puestas todas las piezas requeridas para que avance en México una dictadura legal, cuyas consecuencias no vemos todavía, aunque están todas delineadas, implícita y explícitamente, en las reformas del llamado plan C.

Cumplidas las estaciones legales de la arquitectura dictatorial, el aterrizaje de la dictadura política y económica será sólo una cuestión de tiempos, pues la sociedad y los ciudadanos no tendrán recursos legales, ni tienen recursos políticos, para contener los excesos de la fuerza que los gobierna.

La Suprema Corte ha entregado el todo constitucional y legal a una parte de la representación política nacional, hoy con dominio del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Hay órdenes de responsabilidad personal en esta entrega de la legitimidad al proyecto de poder absoluto que está en marcha.

El voto que cambió el rumbo de las deliberaciones hacia la cesión de la Suprema Corte fue del ministro Alberto Pérez Dayán, quien alegó haber votado en ese sentido durante toda su trayectoria.

Me temo que la historia lo recordará.

Un mal día para México.