La insaciable avidez lopezobradorista hecha suya por la presidenta Claudia Sheinbaum para demoler la estructura constitucional de contrapesos republicanos ha tenido en el Poder Judicial su banquete más exquisito, pero de segundo plato faltan siete instituciones autónomas y dos más de postre, que dejarán de servir a la sociedad para depender del gobierno.

Como el abortado Insabi, una de ellas fue creada en el “primer piso” de la 4T: la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyo trabajo absorberá la obesa Secretaría de Educación.

Sobrecoge la consternación de la comisionada presidenta de este organismo, Silvia Valle Tépatl, única persona que ha salido en defensa desde el 5 de febrero en que se anunció la desaparición.

Entrevistada por La Jornada (lunes 4), dijo que esta comisión carece de autonomía constitucional, que no nació “en la época neoliberal, no impulsó la mal llamada reforma educativa, no cuenta con fideicomisos ni somos una institución de corruptos”. Cuando se enteró del funeral “nos sorprendió mucho, porque esta comisión fue creada en 2019, ya en plena gestión de Andrés Manuel López Obrador. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, al que se le otorgó autonomía constitucional en 2013, y surgió la Mejoredu, y siempre pensamos que somos parte de esta cuarta transformación…”.

Las otras son:

–Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, que promueve la competencia y evita prácticas monopólicas), que manejará la Secretaría de Economía.

–Las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos (CRE Y CNH, que ponen en orden actividades del sector, la exploración y la extracción del petróleo) pasarán a la Secretaría de Energía.

–El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel, que regula las telecomunicaciones y la radiodifusión). Sus funciones irán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

–El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, que genera información sobre política social y mide la pobreza), se le endosará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

–El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de cuyas tareas se ocuparán la Función Pública y los órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial (de la transparencia de los partidos se hará cargo lo que sobreviva del actual INE).

Las actas de defunción de estos organismos constan en el dictamen que dio a conocer el miércoles la Cámara de Diputados.

Y en cuanto le dejen de ser útiles al régimen, quedarán en capilla el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De las siete primeras instituciones, donde se comete el atentado mayor a los derechos individuales y colectivos es el INAI porque, al poner sus funciones en manos del régimen, lo que sobrevendrá es la institucionalización de la turbiedad…