El hecho de que la PGR se vio obligada a hacer público que investigaba al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento con su deber, marcó el destino del político de carrera meteórica, que apostó por Enrique Peña Nieto como candidato presidencial desde que lo destapó en una reunión de jerarcas del PRI, a finales de 2011. No hay nada malo de lo que me puedan acusar, porque no he hecho nada malo, decía Duarte en enero, cuando ya había entrado en la pendiente de su caída. El gobernador escuchaba poco y a pocos, confiado en el blindaje presidencial por los servicios financieros hechos durante la campaña. Los tiempos cambiaron porque para el Presidente, y quienes respaldaban por compromiso a Duarte, también se modificaron.

Duarte es otro daño colateral de la visita de Donald Trump a México, que al sumarse al desastroso resultado electoral en la contienda por la gubernatura en junio, ha hecho muy costoso seguirlo apoyando. Peña Nieto tuvo que deshacerse del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el desgaste que le ocasionó el haber sido el autor intelectual y arquitecto de la controvertida visita que, de acuerdo con varias mediciones, le produjo más negativos al Presidente entre el electorado que el escándalo de la casa blanca. La salida de Videgaray es el preámbulo del colapso de Duarte, pues aunque tenía problemas con el secretario de Hacienda por el hoyo financiero en Veracruz, sabían que, en el fondo, era la operación política arrastrada desde la campaña, no solamente una mala gestión en el estado, la causante del descalabro.

La imagen de Duarte no ayudó al polémico gobernador, el peor evaluado de todos en el país entre sus gobernados. La inseguridad, la confrontación política con diversos sectores y las imputaciones de corrupción, lo arrastraron al descrédito. La campaña electoral fue un desastre. Duarte no pudo imponer a Alberto Silva, exalcalde, exlíder del PRI estatal y dos veces director de Comunicación Social del gobierno, y desde el Centro impusieron al senador Héctor Yunes, con quien se enfrentó por un asunto de dinero. El candidato del PRI siempre se quejó en las reuniones de campaña que no había cumplido con los acuerdos con el partido, mientras que la queja de Duarte era que los cerca de mil millones de pesos que recibió en apoyos –no está claro de dónde salían los recursos–, los malgastó o no llegaron a las estructuras.

Pero la historia de Duarte, en su totalidad, no es la que se conoce. La pública es lo que sucedió: la aplastante victoria del enemigo histórico de Duarte, Miguel Ángel Yunes, quien procedió de inmediato a presentar denuncias de corrupción en la PGR. La no pública es que en la operación política en Veracruz contra el senador Yunes participó la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Miguel Ángel Osorio Chong, presionó a Duarte para que no se enfrentara al panista Yunes, ni buscara descarrilar su candidatura. ¿Contra quién jugaba Osorio Chong? Contra Duarte, de acuerdo con sus cercanos, y a quien, pese a lo molesto con su gestión, respaldaba Videgaray.

La relación con Videgaray, que venía desde el Congreso, se profundizó en la campaña presidencial, cuando a través de Duarte se canalizaron recursos desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de la que el futuro secretario de Hacienda era presidente. Duarte ha dicho en su entorno que distribuyó dos mil 500 millones de pesos durante la campaña presidencial, por lo cual consideraba que estaba blindado con Peña Nieto. Tenía razón, cuando menos hasta este verano, como lo probó el Presidente cuando le negó al líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, proceder en su contra para eliminarlo como lastre y buscar mantener la gubernatura en las elecciones de junio, y manejar con discreción las investigaciones de la PGR en su contra, derivadas de las acusaciones del panista Yunes.

Las denuncias del gobernador electo de Veracruz llevaron a la PGR a declarar a seis exsecretarios de Finanzas de Duarte, algunos de los cuales aportaron información contra el gobernador. No obstante, esa investigación se mantuvo en secreto hasta que una de las líneas que se abrieron, la revisión del catastro de Veracruz para determinar cuántas propiedades estaban asociadas a Duarte, se filtró a la prensa. La pérdida de credibilidad del Presidente tras la visita de Trump lo obligó a realizar acciones extraordinarias para enfrentar una situación extraordinaria. La renuncia de Videgaray fue la primera demostración de cómo cambiaron las cosas, y el abrir públicamente la investigación contra Duarte es la segunda.

Duarte se convirtió desde ese momento en un político muerto. Sin protección, el gobernador va camino a un proceso legal que lo puede llevar a la cárcel. Duarte insistió este jueves que la investigación no lo hace culpable en automático, ni necesariamente se procederá en su contra. No se sabe qué pasará, pero su familia inmediata, como su esposa y suegro, están siendo investigados, así como su entorno más cercano. La protección llegó a su fin, por la disyuntiva para el Presidente de que es Duarte o él mismo. Peña Nieto empieza a controlar la gangrena que le subía aceleradamente por el cuerpo, con la lógica de que los de abajo siempre serán desechables.

El gobernador tiene que ser amputado del cuerpo político del Presidente, como lo fue el secretario de Hacienda. El anuncio de la PGR de este miércoles es el mensaje claro para Duarte. Adiós gobernador, tiene que empezar a preparar su gran defensa.

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