En el mes de diciembre, el gobierno del estado “reventará” todas las observaciones que se detecten dentro del proceso de entrega-recepción, informó el titular de la Consejería Jurídica, Édgar Maldonado Ceballos.

En entrevista, informó que caso detectar irregularidades se procederá a las denuncias correspondientes.

" Sigue el análisis en cada dependencia y en caso de detectar irregularidades,  vamos a proceder ", dijo.

Indicó que sigue el análisis la revisión de cada Secretaría de Despacho.

" En caso de encontrar alguna irregularidad invariablemente se procederá" aseguró el funcionario estatal.

Pero insistió que el proceso de entrega-recepción de revisión de recursos se realiza.

Después de esto, se cumple el plazo de 45 días hábiles para verificar el contenido del cada acta, por ello, en diciembre se presentarán las observaciones en cada Secretaría.

Finalmente, puntualizó que el proceso de entrega-recepción garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en cada Secretaría  de despacho. 

 

Hay que recordar que, durante el proceso de transición entre la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo y la de Margarita González Saravia, el Consejero Jurídico, Edgar Maldonado Ceballos, dejó en claro la existencia de varios "puntos rojos".

Uno de los casos más polémicos ha sido el relacionado con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), en el que varios exfuncionarios de la administración de Blanco habrían utilizado el Instituto de Crédito para adquirir terrenos en Tequesquitengo a precios considerablemente bajos, en una operación considerada irregular. Entre los implicados se encuentra la ahora diputada federal, Sandra Anaya Villegas, quien fue Secretaria de Administración.

Otro caso que acaparó la atención mediática es el de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), cuya entrega-recepción involucró un operativo de la Fiscalía Anticorrupción, que incluso llevó al cateo de la vivienda del exsecretario Omar Taboada Nasser.

Actualmente, el proceso de entrega-recepción se encuentra en su fase de revisión, pero aún no se ha llegado a la etapa de presentar denuncias formales ante instancias como la Fiscalía Anticorrupción o la Contraloría del Estado.

Además, un nuevo "punto rojo" identificado fue el Sistema Integral de la Familia (DIF), cuya titular fue Natalia Rezende Moreira, esposa del exgobernador, luego de que se detectaron tras las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) irregularidades, ya que se registraron apoyos alimentarios a 272 personas, no obstante, se detectó que estas personas están identificadas como personas fallecidas como beneficiarias de los programas Programa Alimentación Escolar, Atención Alimentaria Primeros Mil días, Atención a Grupos Prioritarios, Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre y Salud y Bienestar Comunitario, con un costo superior al medio millón de pesos.