Monterrey, México (27 septiembre 2016).- Luego de que el Gobierno de Nuevo León decidió no proceder penalmente contra los involucrados en el "cobijagate", seis de los siete integrantes de la Contraloría Ciudadana creada para coadyuvar en el combate a la corrupción renunciaron ayer a sus puestos.

La compra de 200 mil cobijas al triple de su valor fue expuesta por Grupo Reforma el 9 de febrero.

Seis meses después, el Gobierno, en lugar de proceder penalmente, prefirió llegar a un acuerdo resarcitorio con el proveedor e impuso sólo una multa equivalente a 7 mil 304 pesos a los funcionarios involucrados.

"¿Tuvo algo que ver la decisión del Gobierno de no proceder penalmente en el caso de la compra de cobijas?", se les cuestionó.

"Mucho", respondió Malaquías Aguirre, ex presidente de la organización ciudadana Vertebra, mientras que Lourdes López, Paula Villalpando y Sandra Garza señalaron que ese tema no fue el motivo directo, pero sí una de varias causas.

Rogelio Sada dijo que la falta de castigo ejemplar por el "cobijagate", así como que ni siquiera haya quedado evidencia de su adquisición, les causó frustración.