La historia está por concluir. La reforma administrativa para extinguir a siete órganos autónomos fue debatida ayer miércoles 20 de noviembre y aprobada en lo general.

La discusión en lo particular continuará hoy jueves. Ya no hay marcha atrás. Morena y sus aliados cuentan con mayoría calificada en la Cámara baja y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de los diputados, ha sostenido desde el miércoles 6 de noviembre que la enmienda procederá.

Con 347 votos a favor de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México y 128 en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, se aprobaron reformas a 13 artículos constitucionales en materia de simplificación administrativa para concretar la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu).

México le dice adiós a parte de la estructura burocrática que empezó a formarse en los noventa del siglo pasado durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Los primeros organismos de este tipo fueron el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego surgieron otras decenas. La noche de ayer, siete le dieron vuelta a la última página.

El epílogo se inició al conocerse el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, entregado el pasado viernes 15 de noviembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados. En promedio, los siete organismos por desaparecer pidieron en promedio 30 por ciento menos de recursos que el año pasado, como en reconocimiento que se trata de su última etapa y requieren moderación. En total, solicitaron en total 4 mil 422 millones 286 mil 152 pesos.

El INAI, el IFT, la Cofece, la CNH, la CRE, el Coneval y Mejoradu solicitaron en total 4 mil 422 millones 286 mil 152 pesos.

La cantidad es 652 millones 928 mil 400 pesos menos de lo que solicitaron para funcionar en 2024, cuando la posibilidad de su desaparición, planteada durante el gobierno del expresidente López Obrador, se había fortificado. En varias conferencias “mañaneras” el exmandatario los calificó como “onerosos”, “injustificados” y “sustituibles”. El 5 de febrero pasado, en la coyuntura de la conmemoración de la Constitución mexicana y cuando faltaban meses para el término de su encargo, el Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa que plantea su desaparición.

“Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se (debían) destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos, que en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal”, se lee en la iniciativa.

La mañana de ayer, 20 de noviembre, el nuevo destino para estos órganos fue confirmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien regresaba de la cumbre del Grupo de los 20 efectuada en Río de Janeiro, Brasil. Al retomar sus “mañaneras”, ratificó que la iniciativa avanzará y sólo tendrá una modificación con el objetivo de fusionar la Cofetel y el IFT en un organismo autónomo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía con independencia técnica.

La función de este nuevo organismo será inhibir las prácticas monopólicas, pero “sin los grandes aparatos creados en el pasado”, expuso la mandataria federal. El único pendiente es determinar cómo se designará a la o al titular, si será un nombramiento de la presidenta o quedará a cargo del Congreso. Al cierre de este texto, ese era el único cambio anunciado para la reforma.

Los vacíos de la extinción

Por ahora, en este amanecer, se vive en un limbo. La iniciativa que discuten los diputados no precisa qué ocurrirá en ciertos aspectos y determinados mecanismos; sobre todo en los del INAI que basaba su funcionamiento en el acceso a la información.

Cientos de trabajadores esperan para conocer cuál será su destino preciso. Se desconoce qué ocurrirá con decenas de miles de expedientes de asuntos bajo reserva y quién o quiénes atenderán las quejas cuando una entidad de poder niegue información. La nueva Plataforma Nacional de Transparencia cuya reconstrucción apenas concluyó el mes pasado y que en la última década integró miles de millones de solicitudes de información, contratos y sueldos de gobiernos, sindicatos y partidos políticos, también ha caído en el campo de la incertidumbre.

Además, el Gobierno se prepara para recibir más tareas. En el caso del derecho al acceso a la información, tutelado hasta ahora por el INAI, pasa a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. La medición de la pobreza a cargo del Coneval debe ser asumida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de acuerdo con el texto de la iniciativa.

Así se configura la nueva forma en que funcionará la administración pública cuya primera mandataria se propone continuar la llamada “Cuarta Transformación”, iniciada por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así fue la discusión en la Cámara de Diputados

El debate en el que se aprobó en lo general el dictamen de reforma que avala la desaparición de siete órganos autónomos fue ríspido. Se inició a las 15:00 horas y concluyó a las 21:00. Los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano (MC) externaron su rechazo a la desaparición y acusaron a Morena de destruir la democracia, la transparencia y los contrapesos en el país.

Durante este jueves, cuando la reforma se discuta en lo particular, se prevé que Morena presente una reserva al dictamen, según anunció su coordinador Ricardo Monreal Ávila.

La modificación será para plantear la fusión de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que generará un organismo descentralizado y con independencia técnica como lo anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su “mañanera”.

En la discusión, la coordinadora del PAN, Noemí Luna, criticó la justificación de Morena de desaparecer los siete órganos autónomos porque han representado un gasto de más de 30 mil millones de pesos, cuando en el Presupuesto 2025 le dan 40 mil millones de pesos al Tren Maya, que es una obra que supuestamente ya terminó. Dijo que se trata de una venganza del expresidente López Obrador, porque gracias a esa transparencia “supimos de la casa gris de los López Beltrán, del megafraude de Segalmex”.

Mientras, el priista Alejandro Domínguez, comentó: “Esta reforma de manera paradójica va en detrimento de garantizar la separación del poder político del poder económico, ya que el efecto centralizador del ejercicio de las atribuciones que hoy se encuentran conferidas a estas instituciones habrán de reflejarse en vincular la decisión política a la discrecionalidad de los mandos políticos; sí, a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, en sectores que demandan verdaderamente garantizar y dar certeza jurídica y que garanticen imparcialidad en las decisiones de vigilancia y protección y regulación del gobierno y los datos de la sociedad”.

Iraís de la Torre, también de MC, dijo que este es un atentado contra la democracia y acusó a Morena de buscar concentrar todo el poder, “que va a terminar reventándoles en la cara”.

Al defender la reforma, Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, indicó que se debe regresar a los equilibrios institucionales que se tuvo en el pasado.

“No solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese, regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros dos socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013 en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos, escúchenlo bien con todos estos presidentes”.

Por su parte, la petista Mary del Carmen Bernal indicó: “No cabe duda de que sí vamos a tener ahorros importantes. Desde el 2018 hasta el 2024 todo lo que se ha erogado en términos económicos a estas siete dependencias representan más de cinco millones de pensiones bimestrales para el bienestar para los adultos mayores”.

INAI: después de tanto intentarlo, se apagaron las luces

El fin llegó para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), a pesar de los múltiples llamados de auxilio de los comisionados del organismo y organizaciones civiles. El denominador siempre fue la advertencia de un retroceso histórico en esta materia.

El organismo desempeñó un papel clave en la revelación de actos de corrupción en varias administraciones y en el seguimiento del uso de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

Ahora, una vez que sus funciones sean transferidas a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el reto será enorme, según especialistas.

Datos del mismo organismo indican que a diario se reciben unas 900 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). De estas, se generan unas 52 quejas debido a la negativa de los gobiernos, sindicatos o partidos políticos a proporcionar información.

La iniciativa de reforma que plantea su desaparición propone que los sujetos obligados —como secretarías y dependencias gubernamentales— serán, de ahora en adelante, los encargados de crear y gestionar los procedimientos de revisión para atender las solicitudes de acceso a la información.

Es decir, las mismas instituciones que reciban las solicitudes decidirán si entregan o no los documentos requeridos. También se encargarán de atender las quejas relacionadas por incumplimiento.

Actualmente, el INAI vigila la entrega expedita de documentos que son solicitados por la ciudadanía en general a través de la PNT y, en caso de que alguna dependencia se niegue a entregar la información solicitada, los ciudadanos pueden interponer un recurso de revisión.

El retroceso que se viene

La PNT almacena más de 15 mil millones de archivos. De acuerdo con la comisionada presidenta, Norma Julieta del Río Venegas, de este universo, 7 mil pertenecen al Poder Ejecutivo, por lo que –desde su perspectiva–será compleja la transferencia de su manejo al Gobierno.

Gabriel Espinoza, especialista en acceso a la información y protección de datos personales, aseguró que existe un vacío legislativo en esta reforma constitucional que no ha sido considerado por las cámaras dictaminadoras en cuanto a lo que ocurrirá con la PNT.

“Este vacío afecta la gestión de la información almacenada en la PNT, la cual conecta a los tres niveles de gobierno. Son millones de solicitudes que se encuentran alojadas en este sitio y no sabemos qué sucederá”, precisó.

El especialista también advirtió que no se ha fijado la ruta que seguirán los institutos de transparencia locales que se encuentran por todo el país, por lo que esto se tendrá que establecer en las leyes secundarias.

Tania Larios, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la CDMX, señaló que la decisión de borrar del mapa a estos organismos generará opacidad respecto a cómo funcionarios y el Gobierno federal gastan los recursos públicos.

“Los ciudadanos ya no podrán solicitar ningún tipo de información pública. Perderemos el conocimiento, la información y el poder de criticar, señalar y exigir el adecuado funcionamiento de las instituciones. El Gobierno está dando el peor de los mensajes que es el de oscurecer el manejo de los recursos públicos”.