El gobernador y seis colaboradores fueron acusados de violar estatutos por presuntos actos de corrupción
ANUNCIO. El presidente del Comité de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, y el senador Arturo Zamora, afirmaron que los elementos que tomaron para el resolutivo fueron las denuncias interpuestas a la PGR, al SAT y a la Procuraduría de Veracruz.
El PRI anunció que suspendió los derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, y de seis personas que han colaborado con él, por estar presuntamente involucrados en actos de corrupción investigados por autoridades federales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, presidida por Fernando Elías Calles, se trata de una medida cautelar por tiempo indefinido, por lo que no podrá postularse a un cargo de elección popular, participar en organismos del PRI ni en procesos electorales internos.
La medida responde a las denuncias presentadas por Armando Barajas y César Mora, compañeros de partido, quienes aseguraron que Duarte de Ochoa viola estatutos del partido por estar involucrado en casos de corrupción.
Arturo Zamora, senador y secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, explicó que para decretar la medida contra el gobernador tomaron en cuenta las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz, los procedimientos iniciados ante el Servicio de Administración Tributaria, así como señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación.
Se abre la posibilidad de que el mandatario veracruzano esté fuera del PRI.
“Estaremos tomando determinaciones que pueden derivar en dos consecuencias jurídicas: la pérdida de la militancia y la expulsión del Partido Revolucionario Institucional”, explicó Zamora.
Suspenden derechos a Duarte
El PRI afirma que continuará la etapa de procedimiento, donde acordarán la posible pérdida de militancia o expulsión del partido.
La Comisión de Justicia Partidaria del PRI determinó suspender los derechos partidistas del mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, junto con seis funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, con lo que se abre la puerta a un proceso de expulsión.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de este instituto político, Fernando Elías Calles, esto es una medida cautelar de tiempo indefinido y responde a las denuncias presentadas por Armando Barajas y César Mora por violaciones a los estatutos y acusaciones a presuntos actos de corrupción.
La sanción contra el gobernador y sus allegados se dio a conocer luego de que este órgano jurisdiccional sesionara a puerta cerrada por poco más de una hora en la sede nacional del Revolucionario Institucional y en la que la decisión fue unánime por los siete integrantes.
En total fueron seis las determinaciones que consideró la Comisión de Justicia Partidaria aplicar también al exdirector jurídico de la delegación Federal en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Rodríguez García; exsecretario del Trabajo, exoficial Mayor de la Secretaría Educación, exsubsecretario de Finanzas y exsecretario de Acción Electoral del PRI en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; exdelegado federal de la Secretaría de Economía, José Antonio Chara Mansur Beltrán, y al exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.
Los notarios públicos en la entidad, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez también fueron sancionados.
El senador y secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, Arturo Zamora, aseguró que los elementos que tomaron para determinar lo anterior son las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Justicia de Veracruz, procedimientos iniciados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como denuncias y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“A partir del momento en que se ha decretado esta primera medida cautelar, a partir de este momento entramos ya a la etapa del procedimiento donde se da a las personas su derecho de audiencia, y con posterioridad estaremos tomando también determinaciones que pueden derivar en dos consecuencias jurídicas: una de ellas es la pérdida de la militancia, la otra es precisamente la expulsión del Partido Revolucionario Institucional.
“A partir de hoy ya iniciamos lo que podría ser un proceso de expulsión de estos funcionarios públicos, un proceso de expulsión del partido”, apuntó.
Con la resolución —inédita en el caso del gobernador—, explicó que los sancionados tienen el derecho a acudir a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante la autoridad administrativa electoral.
“Es la primera ocasión en la que a un gobernador en funciones se le suspenden sus derechos partidarios, y por supuesto que nosotros como partido, en este partido se está actuando en función de sus estatutos y de su código de Justicia Partidaria, en este momento es que compartimos con ustedes la resolución”, argumentó.
Cabe señalar que los siete sancionados tienen quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a que se les notifique este acuerdo, para defenderse ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.
Analizan Chihuahua y Q.Roo
El secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, Arturo Zamora, afirmó que están en proceso de recabar pruebas para probablemente aplicar una sanción a los gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, César Duarte y Roberto Borge.
“La Comisión tiene la obligación de recabar información, y entonces una vez integrados los expedientes se emite la determinación, de tal suerte que en los otros casos estamos precisamente en este proceso de recabar pruebas”, argumentó Arturo Zamora.
Apuntó que en el caso del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, ya existe una solicitud para inicar un proceso.
“No podemos actuar de manera oficiosa, porque no está el procedimiento oficioso, pero estaremos pendientes de la recepción de alguna queja o denuncia en este sentido”, dijo.
“Es una pantalla mediática”
XALAPA.— La decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI sólo es una pantalla mediática y no es suficiente ante el daño generado por la administración de Javier Duarte en la entidad veracruzana, aseguraron dirigentes de la oposición, mientras que sólo un priista salió al paso de la polémica y apoyó la determinación de su partido.
Luego de que se hizo pública la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, sobre la suspensión temporal de derechos del gobernador Javier Duarte, sólo el senador José Francisco Yunes Zorrilla ha expresado su postura al respecto.
Afirmó que como priista acompaña firmemente la determinación del presidente del PRI Enrique Ochoa Reza, de hacer combate a la corrupción.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, señaló que el PRI sólo intenta “lavarse la cara” de sus gobernadores corruptos e intentar que cuando el brazo de la justicia toque a Duarte y a sus colaboradores, éstos ya no sean relacionados con el tricolor.
El dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, dijo que no basta con la suspensión de derechos, ya que es insuficiente ante el daño que ha hecho a la entidad.
El dirigente perredista aseguró que, si el PRI quiere legitimar su lucha anticorrupción, debe activar las solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, que avancen rápidamente las investigaciones de la Procuraduría General de la República, y que haya realmente resultados para que se haga justicia por los veracruzanos.