* TODOS QUIEREN MÁS RECURSOS
La magistrada Carmen Verónica Cuevas López hizo ver la posibilidad de acudir al Congreso local en busca de más recursos presupuestales. Dijo ayer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) analizará si le es suficiente un aumento de tres por ciento al presupuesto del año próximo, con relación a los 545 millones de pesos que le fueron asignados en 2016, y que de no ser así buscará a los legisladores para cabildear la entrega de más billetes. Semanas atrás la magistrada advirtió que el TSJ requería un incremento de 235 millones de pesos en 2017 hasta situar su presupuesto en 780 millones. Y así como con el Poder Judicial, le lloverán más peticiones al Congreso morelense durante el análisis del Presupuesto de Egresos del gobierno estatal (teniendo como límite el 15 de diciembre). Por lo pronto los diputados analizarán el lunes con el fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, el presupuesto de su institución… más allá del “Caso Tetelcingo”. A ver.
El diputado local del Partido Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo, dijo ayer una verdad de a kilo: quien maneja un auto en estado de ebriedad trae un arma en las manos. Lo dijo en el debate que escenificaron los diputados ante la propuesta del panista Víctor Caballero, de urgir a los ayuntamientos para interceder a favor de la sociedad frente a los numerosos accidentes ocurridos a causa de la ingesta de alcohol y su combinación con el volante. El tema hace recordar que en Cuernavaca, y en la mayoría de los demás municipios del estado, sigue siendo letra muerta la legislación que permite implementar el alcoholímetro, porque los alcaldes en lugar de cuidar vidas andan cuidando las finanzas a los vendedores de bebidas alcohólicas.
Desde mediados de julio el Congreso de Morelos se ha visto envuelto en polémicas y en muchas ocasiones el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, ha recurrido a medidas extraordinarias con el objetivo de garantizar la seguridad de los diputados y el personal. Por ello había sido postergada una y otra vez la entrega del premio “Antonio Díaz Soto y Gama” a destacados profesionales del derecho en el marco del Día del Abogado, que se celebra el 12 de julio. Finalmente tal galardón fue entregado ayer a cinco abogados, más uno muy especial, post mortem al maestro Hertino Avilés Arenas, formador de muchos profesionales en derecho de la entidad. Fue tan bueno en lo suyo que su hijo Hertino Avilés Alvabera también recibió ayer un premio en su condición de abogado. Enhorabuena. Por cierto, le comento que el diputado Moreno Merino se recupera satisfactoriamente de una reciente intervención quirúrgica. En breve se reincorporará a sus actividades en el recinto parlamentario de Matamoros… El rector de la UAEM, Alejandro Vera, está dispuesto a continuar su alharaca bajo la megacarpa de barbacoa en Plaza de Armas. Ahí despachará como responsable de nuestra máxima casa de estudios. Ya no encuentra cómo ganar reflectores.
Varias veces me he referido al Consejo Agrario Permanente (CAP), con cuyos dirigentes en Morelos se reunió ayer Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno. Conocí a los líderes del CAP en el año 2000, pero a partir de entonces he visto desfilar por ahí a una pléyade de oportunistas dispuestos a sacar raja de su relación con los gobernantes en turno. Una forma breve para referirse a los líderes del CAP es la siguiente: su fundamento es la simulación, fingir que poseen representatividad social, sin escrúpulos participar en montajes y muchas veces propiciar la corrupción. De hecho, la simulación es una forma de corrupción.
Los principales grupos integrantes del CAP nacieron a principios del sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) dentro del ahora extinto Pacto de Ocampo. No estaban del todo cobijados por la CNC, pero se trataba de organismos surgidos por la promoción oficial directa, teniendo como objetivo la invasión política y no el verdadero movimiento campesino. Los tiempos de Luis Echeverría fueron de intensa actividad en el campo, e incluso en aquella administración se creó la Secretaría de la Reforma Agraria en sustitución del antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, determinación más política que agraria. El Pacto de Ocampo, por su sometimiento al presidente en turno (quien les abría las compuertas del erario), jamás sirvió para paliar los problemas agrarios, pues sus dirigentes tenían la vista puesta en el relevo de los gobiernos. Desde aquella época la sociedad rural se acostumbró a ver un reiterado desfile de siglas que poco o nada significan para ella y su bienestar económico: UNTA, CCI, UNORCA, CEMPA, CIOAC, CODUC, CCC, etcétera.
Se asemejan a Antorcha Campesina, pues sus mecanismos tienden a la presión al gobierno, el chantaje, la agresión y, obviamente, la simulación, todo con el objetivo de lograr canonjías y uno que otro presupuesto supuestamente destinado a resolver pequeños problemas de las clases más pobres de los conglomerados rurales. Este tema es importante, porque el famoso CAP-Morelos funciona cuando los tiempos financieros de sus dirigentes apremian o el agua ya les llegó a los aparejos, aunque la mayor parte del año está quieto, lo cual depende de la disponibilidad económica del gobierno. En el año 2000 escuché al actual diputado “humanista” Jesús Escamilla, entonces dirigente del CAP, expresar lo siguiente: “De esta manera logramos mantener tranquila a la raza”. Es posible que en la actualidad el CAP tenga a líderes bien intencionados, pero en el grupo todavía se encuentran los rescoldos de tiempos pasados, lo cual pone en riesgo la legítima utilización de recursos públicos a favor de la sociedad rural. Pagan justos por pecadores. ¿Cómo la ven ustedes, gentiles lectores?
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