Con este fallo, el sistema electoral sepultó la inédita demanda ciudadana que en abril de 2015 promovieron un grupo de intelectuales y ciudadanos que lograron reunir 140 mil firmas de apoyo para denunciar las violaciones sistemáticas a la ley electoral que en los comicios de aquel año y en elecciones anteriores, había cometido el PVEM, al realizar actos anticipados de campaña, pagos ilegales de publicidad en cines y medios de comunicación, hacer campañas de promoción simuladas con recursos públicos de la Cámara de Diputados, entre otros delitos, que le costaron a los contribuyentes alrededor de 800 millones de pesos, “un monto mayor al Pemexgate”, decían los ciudadanos demandantes.

La incómoda demanda que impulsaron personajes como Sergio Aguayo, Denisse Dreser, Alfredo Figueroa, Eduardo Huchim, Alfredo Lecona y la senadora independiente Martha Tagle respondió a que los consejeros electorales ya habían desechado varias denuncias de los partidos en contra de los delitos del PVEM y cuando no lo exoneraban le cobraban multas menores por sus violaciones a la ley. La denuncia ciudadana fue desde el principio como una “papa caliente” para las autoridades electorales.

Los consejeros del INE resolvieron el 19 de agosto de 2015 que el PVEM podía mantener su registro porque, “sí violó la ley pero no impidió la democracia”, a pesar de las más de 26 violaciones electorales que causaron un daño de casi 600 millones de pesos —la tercera sanción más alta después del Pemexgate y Los Amigos de Fox. “El PVEM violó la ley, por eso fue sancionado, lo hizo de manera grave y por eso fue sancionado gravemente. Pero el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses, no puso en riesgo, ni el sistema democrático, ni al Estado constitucional”, justificó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la exoneración al partido político aliado del presidente Peña Nieto y del PRI.

Y ayer, más de un año después, la historia se repitió en el Tribunal Electoral federal. Los magistrados, que tuvieron en su poder la denuncia ciudadana por casi 14 meses, ratificaron la exoneración al PVEM con los mismos criterios del INE. Ni siquiera se molestaron en debatir y lo hicieron de manera unánime, como si la ya inminente terminación de su encargo, que concluye el próximo 3 de noviembre, los hubiera apurado a cerrar el expediente incómodo de una denuncia ciudadana que acreditó las constantes violaciones de un partido político al que se le han perdonado y reducido sus faltas reincidentes y reiteradas a multas económicas que además se pagan con el mismo dinero de los contribuyentes.

¿A quién quisieron hacer el favor los magistrados del Trife un mes antes de terminar su encargo? Porque el magistrado ponente, Salvador Nava Gomar, se tardó casi un año en presentar su ponencia sobre el caso y apenas el pasado 30 de septiembre, con un extraño retraso en abordarla y presentarla al pleno, la hizo circular entre sus pares de la Sala Superior. Sólo para que, todos y cada uno de los 7 magistrados, confirmaran, con diferentes palabras pero en el mismo sentido, que las 26 violaciones reiteradas y consuetudinarias del PVEM y sus dirigentes, no habían sido “tan graves” y en su momento fueron “sancionadas” con el pago de multas.

La máxima autoridad electoral dijo así a los ciudadanos que, por mucho que paguen impuestos y financien al sistema electoral y a los partidos —incluidas las multas que les cobran— no tienen derecho a cuestionar la permanencia de un partido por más violador que sea de la ley. Y en el PRI y en Los Pinos ya pueden estar tranquilos: sus aliados del Verde fueron exonerados y conservan su registro para que, si así lo quieren, sigan violando la ley, a cambio de multas que seguirán pagando con dinero de los contribuyentes. Es la legitimación del cinismo de un partido y un sistema que sabe que violar la ley tiene un costo “menor”, que ni siquiera le cuesta, a cambio de enormes beneficios obtenidos con esas violaciones.

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