La emboscada a un convoy del Ejército, el viernes pasado, en Culiacán, fue una declaración de guerra al Estado Mexicano. El gobierno no se ha dado cuenta. Lo que hizo un grupo de criminales al servicio del narcotráfico fue vulnerar la última frontera de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, que no respondieron al tamaño de la afrenta frente a un grupo que, ante esa debilidad mostrada, sometió en número y capacidad de fuego a los militares, y los humilló al quemar a dos de los soldados, a quienes dejó ardiendo en llamas en la carretera.

¿Por qué una declaración de guerra? Las Fuerzas Armadas, que por definición son y representan el poder militar de un país, tienen la obligación constitucional de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interna, por lo que son la última frontera de protección al Estado Mexicano. Después de ellas no hay nada más que proteja a la nación, por lo que una vulneración de ellas es equivalente a una declaración de guerra, en donde se tiene que actuar en consecuencia. La respuesta debió haber sido proporcional a la afrenta, como cuando en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, llevó a una respuesta militar inmediata y contundente antes de empezar una negociación política.

En el caso de la emboscada en Sinaloa –secuela del derribamiento del helicóptero militar, en 2015, y de secuestros políticos de soldados–, la sevicia con la que trataron a los soldados no debió quedarse en reacciones políticas tímidas, fallidas, o retórica violenta como la del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, cuya molestia reflejó, más bien, la impotencia frente a la debilidad institucional. Cuando se cuestionó al comandante de la Tercera Región Militar, general Alfonso Duarte Mújica, por qué no respondieron proporcionalmente el fuego y hubo tantas bajas cuando llevaban vehículos blindados y armamento para enfrentar a los criminales, respondió como policía, no como militar. Se siguieron protocolos de uso proporcional de la fuerza, sugirió. Un Ejército que no responde con todo su poder a una declaración de guerra, es un Ejército que no se respeta. Un Ejército que no se respeta, no sirve para salvaguardar a la nación.

¿Por qué el gobierno no se ha dado cuenta de que le declaró el narcotráfico la guerra? Para entender la magnitud de lo que esto significa hay que analizar cómo respondió a la afrenta. La reacción oficial fue a través de Twitter, por donde el presidente Enrique Peña Nieto expresó la postura del gobierno. “El ataque a elementos del Ejército Mexicano en Sinaloa no quedará impune”, escribió desde Jerusalén, donde se encontraba por las exequias de Shimon Peres. “Los responsables de estos hechos responderán ante la ley. Mis condolencias para los familiares de los fallecidos y para toda la @SEDENAmx. Deseo pronta recuperación a quienes resultaron heridos”. Peña Nieto dedicó 41 palabras al ataque, contra 18 que usó para lamentar la muerte del escritor Luis González de Alba, o 17 para expresar sus condolencias por la muerte del empresario Guillermo Zambrano. Es decir, prácticamente lo mismo para unas que para otras muertes.

No era de él la voz que debió haber salido, sino la del jefe del gabinete, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también respondió en Twitter. “Condeno los cobardes actos contra personal de @SEDENAmx en Sinaloa. Mi solidaridad con los familiares de elementos fallecidos y los heridos”, escribió. “Las Fuerzas Federales no descansaremos hasta llevar a los culpables ante la ley. Estos actos no quedarán impunes”. La procuradora Arely Gómez, que debió haber dado la cara para hablar sobre la parte legal –que no es tema del secretario de Gobernación–, guardó silencio. Las condenas de senadores y diputados en respaldo a las Fuerzas Armadas sólo confirman que quienes están en la cima del Estado mexicano no saben qué es. La pregunta a todos es cuándo y dónde lo extraviaron.

Valdría la pena que voltearan a ver el caso colombiano. O cuando menos leer el reportaje que publicó The Washington Post el 18 de septiembre sobre el Plan Colombia, celebrado en Washington porque después de 16 años y 10 mil millones de dólares en asistencia militar y envío de militares y contratistas del Pentágono, lograron frenar el “baño de sangre” en aquella nación. El Plan Colombia fue resultado de algo que se está viendo en México, el asesinato de militares, cada vez más vulnerables y rebasados ante los enemigos del Estado. “En una forma crítica –apuntó el diario–, la intervención de Estados Unidos dio un giro a la guerra. Le dio una inyección de confianza a las instituciones colombianas, particularmente a su Ejército”.

En Washington se congratulan de esa intervención. En México no se ha llegado al punto que el Pentágono envíe formalmente oficiales y contratistas de seguridad para combatir el narcotráfico. No tardará mucho que empiecen sus presiones para que el gobierno de Peña Nieto les abra las puertas. La derrota del Ejército ante los cárteles de las drogas es la victoria de los criminales. La reacción institucional es la de una clase política que no ve el alcance de sus omisiones. Un Estado controlado por narcotraficantes no es lo que sueñan en Estados Unidos como vecino modelo. Pero eso es lo que por ignorancia aquí se está construyendo.

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